La Junta de Extremadura, por mandato de la Asamblea, pedirá formalmente al Gobierno que no publique estudio alguno sobre las balanzas fiscales entre las autonomías y el Estado y que, en ningún caso, estas se tengan en cuenta para determinar el nuevo modelo de financiación autonómica. En una decisión de gran calado político, los grupos parlamentarios socialista y popular del Parlamento extremeño consensuaron ayer en Mérida una proposición no de ley en este sentido. El documentado, en el que se insta al Ejecutivo regional a realizar esta petición a la Administración central, será presentado en la Asamblea próximamente, donde será aprobado dado que PSOE y PP copan los escaños de la cámara.
Con esta iniciativa, los grupos parlamentarios extremeños hacen un frente común ante el anuncio realizado por el Gobierno de hacer públicas las balanzas fiscales, tras la petición realizada desde Cataluña. En este documento se reflejaría el dinero que se aporta desde cada autonomía al Estado y cuánto recibe, datos que desde Extremadura se entienden que no ofrecen una foto real.
Socialistas y populares coinciden en señalar que existen razones políticas para que no se publiquen estas balanzas porque en España quienes tributan son las personas y no los territorios. "La agregación de los tributos soportados por los ciudadanos de un territorio tiene relación directa con el nivel de renta de dicha zona, pero no supone diferencias en el esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal de los españoles es homólogo en todos los territorios porque está relacionado con la renta y, en consecuencia, la progresividad de las tarifas fiscales es la esencia de la construcción de una sociedad moderna y cohesionada", afirman los partidos en un comunicado conjunto.
Los grupos parlamentarios de la Asamblea consideran que las balanzas fiscales son "cuestionables en sus conclusiones", ya que existen "problemas insalvables" en la adscripción territorial de los gastos que influyen en el resultado final. De igual manera, "la imputación de la mayor parte e los ingresos en las balanzas fiscales no son adscribibles territorialmente porque no se puede determinar en el impuesto de sociedades donde se genera el beneficio, o el llamado "efecto sede" en el IVA que distorsiona la imputación territorial".
CONCLUSION "La imposibilidad de llevar a cabo estas operaciones es la mejor demostración de que la discusión sobre las balanzas fiscales carece de sentido. La realidad política, territorial y fiscal de España no se corresponde con la que se dibuja en las consideraciones que se realizan de las lecturas de algunas lecturas de balanzas fiscales", aseveran las fuerzas políticas extremeñas.
PSOE y PP creen que la proximidad de un nuevo proceso de negociación de la financiación autonómica entre el Gobierno central y las comunidades explica el interés de determinados agentes políticos de exigir la publicación en este momento y la "inexorable vinculación de ambos procesos". "Lejos de ser una pretensión inocente, lo que subyace es la petición de un trato privilegiado en la financiación de los servicios transferidos y en las inversiones del Estado en algunos territorios", alertan.
Socialistas y populares no comparten que la publicación de las balanzas entre autonomías y Estado contribuya a la "transparencia" de las relaciones económicas, comerciales, fiscales entre los territorios. Para ambos grupos, podrían añadirse estudios de flujos monetarios, de capital humano, de transferencias energéticas, de capacidad de mantenimiento de la biodiversidad, entre muchas otras, o, incluso, anexar todo lo referente a las circunstancias socioeconómicas del pasado que han determinado el estado actual.
