La solución al fraude detectado en 1.500 transportistas extremeños, que han fijado su sede fiscal en Portugal para beneficiarse de su legislación pese a ejercer su profesión en ésta y otras regiones, pasa por un encuentro al más alto nivel entre España y el país vecino. Así lo advirtió ayer el consejero de Transportes de la Junta de Extremadura, Javier Corominas, que asistió a la comisión que reúne hasta hoy, en la localidad cacereña de Piornal, a los directores generales de Transporte de las comunidades autónomas del país y a responsables del Ministerio de Fomento.
El consejero explicó que "la solución no puede ser la represión del fraude, sino un acuerdo entre ambos países para homologar los sistemas de concesión de las licencias para ser transportista".
AGRUPAMIENTO DE EMPRESAS
No dudó en hablar de la "permisividad" de la normativa lusa, ya que mientras en España a las nuevas empresas de transporte se les exige contar al menos con tres vehículos de una antigüedad máxima de dos años, en Portugal "esto no existe". A su juicio, está conduciendo a una situación "alarmante", ya que de las 14.000 empresas de transporte que hay en la región, entre el 91 y el 92% tienen sólo uno o dos vehículos y son éstas las que están huyendo a Portugal.
Además de reclamar este encuentro bilateral, Corominas anunció que la Junta va a poner en marcha su propia fórmula para luchar contra el fraude, basada en favorecer el reagrupamiento de las empresas de transporte. "Hay que dar ese salto --explicó-- y fijar estrategias para romper los recelos de quienes no quieren perder su autonomía". Como ejemplo, habló de cooperativas de compra, de servicio o de apoyo tecnológico para mejorar su competitividad.
Por otro lado, apuntó también la necesidad de armonizar las legislaciones de las comunidades para que el transportista "no se encuentre sometido a 17 normativas" y propuso aplicar una "cierta tolerancia" a la hora de renovar las licencias en casos como la falta de liquidez coyuntural, accidente o enfermedad.
