El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, confirmó ayer en Cáceres que las negociaciones para el traspaso de las competencias en materia de justicia a la comunidad autónoma se retomarán tras las elecciones del 9 de marzo. Pero antes, indicó, habrá de darse respuesta a una serie de cuestiones que se han puesto encima de la mesa --ya se han trasladado tanto al Ministerio de Justicia como de Administraciones Públicas-- por considerar que es importante concretarlas antes de asumir dichas competencias.

Así, indicó Fernández Vara, como se hizo con las transferencias de Educación y de Sanidad, se ha solicitado que se haga un inventario de lo que aún necesita la Justicia en Extremadura desde el punto de vista material, como por ejemplo el palacio de justicia que se estima necesario en Badajoz: "Habrá que ver, pues, qué es lo que ya está planteado que es necesario hacer para contabilizarlo, presupuestarlo y meterlo dentro de la transferencia como un anexo de inversiones".

Y a las inversiones materiales el presidente ha sumado otra cuestión relativa a nuevos órganos judiciales que en el futuro pueda haber en Extremadura y que no estén en el coste efectivo de lo que en estos momentos se esté gastando. En este sentido, dijo, "sí hay ya un cierto compromiso por parte del Estado de que cuando haya órganos nuevos decididos por parte del ministerio, por parte del poder judicial y no por parte nuestra, se incluirán sus costes".

Y también se refirió Vara a una tercera cuestión, el actual conflicto de reivindicación salarial por parte de los trabajadores de la Administración de Justicia. Reivindican mejoras salariales y equiparación de sueldos con otras comunidades autónomas, algo de lo que, señaló Fernández Vara, "hay que hablar, pues de lo contrario puede ocurrir que se asuman las competencias y al día siguiente se pongan los trabajadores en huelga porque no se satisfagan sus exigencias".

Pese a todo, el presidente de la Junta se mostró optimista con el proceso de negociación, pues consideró que "si las cosas se quieren arreglar puede hacerse, y si hemos cerrado unas transferencias de 15.000 trabajadores en educación y de 13.000 en sanidad, cómo no vamos a cerrar unas transferencias de menos de 2.000 trabajadores, que son los que hay en la justicia".