La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, mostró ayer su respeto al auto de un juzgado de Don Benito sobre caso Feval y pidió «en el mismo grado» que se respete la presunción de inocencia para los encausados. Rosiña se pronunció así después de que el juzgado de Don Benito haya pedido la apertura de juicio oral contra tres exdirectivos de la Institución Ferial de Extremadura (Feval), entre ellos el exdiputado autonómico del PSOE José Luis Viñuela, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y delito contable, para quienes las acusaciones piden hasta 21,6 años de prisión. También solicita 11,6 años para Juan Francisco Cerrato (exadministrador general) y 9,6 años para José Villa (exsubdirector general).

Según la portavoz regional, la opinión del Ejecutivo al respecto «es la que ha de ser en un circunstancia como esta y la que debe ser desde el inicio de esta causa, que es respeto a las decisiones de la Justicia sin ninguna valoración más». Añadió que «en el mismo grado que respetamos los procedimientos y decisiones de la justicia, tenemos que respetar y poner en el mismo grado la presunción de inocencia de los encausados».

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida en Extremadura, Joaquín Macías, consideró ayer como «muy graves» las peticiones de prisión que se formulan en el caso Feval y confió en que «la Justicia llegue al fondo y depure responsabilidades», informa Efe.

Macías recordó que en la pasada legislatura IU propuso la creación en la Asamblea de Extremadura de una comisión de investigación sobre este asunto y lamentó que finalmente de allí no se dedujeran responsabilidades políticas por este caso, algo a lo que el PSOE se ha negado en todo momento, criticó.

Asimismo, también lamentó que la Comisión de Investigación de Acorex y Caja Rural de Extremadura se cerrarse la semana pasada sin conclusiones y ha considerado «vergonzoso» el acuerdo entre el PP y el PSOE para que no comparecieran ante ella ni Guillermo Fernández Vara ni José Antonio Monago y para que las comparecencias sobre la caja de ahorros se realizarán a puerta cerrada y «en secreto». Macías consideró el hecho de que Acorex «se haya desmantelado y esté siendo troceada y entregada a cooperativas de Andalucía y Navarra supone un retroceso de décadas para Extremadura». H