El consejero de Sanidad y políticas Sociales, José María Vergeles, aseguró ayer que si el Tribunal Constitucional (TC) sigue «vetando» la Ley de Emergencia Social de la Vivienda, la Junta se planteará una modificación para poder sortear esos vetos y aplicarla. El texto, pactado con Podemos, se aprobó a comienzos del año pasado, pero sus preceptos más polémicos (entre ellos la expropiación de casas a los bancos en pro de la función social de la vivienda o las multas a los propietarios con casas vacías) no llegaron a aplicarse porque el Gobierno central lo recurrió el pasado mes de noviembre.
El consejero explicó ayer que el TC ha levantado ahora la suspensión del artículo que hace referencia a la definición de vivienda desocupada. El resto se mantiene, de forma que el Ejecutivo regional sigue sin poder «multar a los bancos o a los grandes tenedores de viviendas vacías aunque estén definidas como viviendas desocupadas». Asimismo, tampoco se puede expropiar el usufructo de la vivienda a las entidades bancarias para evitar que las familias más necesitadas se queden en la calle, tal y como recogía la ley, según informa Europa Press.
Por todo ello, la Junta no descarta una modificación de la Ley de Emergencia Social de la Vivienda si el Tribunal Constitucional «no sigue levantando los vetos». El objetivo de la reforma sería vincualar tanto las multas como las expropiaciones mencionadas al concepto de vivienda desocupada y no al interés general como está recogido en la ley, para que así estos preceptos puedan aplicarse.
No obstante, según Vergeles, «quien tiene que rectificar aquí es el Gobierno de España», que a su juicio se está comportando como «el perro del hortelano: ni come deja comer al amo». En este sentido, el consejero criticó que el Gobierno central no regule la vivienda desocupada, ni «cómo salir de ese parque de vivienda desocupada ofreciéndoselo a los jóvenes para alquiler o para comprarla», pero que tampoco deje legislar a las comunidades autónomas al respecto.
En cualquier caso, el titular de Políticas Sociales celebró que el Tribunal Constitucional «dé la razón» a las políticas de Vivienda que está desarrollando la Junta y que se reconozca también, dijo, que la comunidad tiene la competencia para denominar la vivienda desocupada, lo cual «abre una vía que estaba cerrada por el Gobierno de España», concluyó.
Para sacar adelante esa reforma en caso de que se planteara, el Ejecutivo contaría casi seguro con el apoyo de Podemos, formación con la se pactó y aprobó la ley. El PP votó en contra y siempre la ha criticado al considerar que era inconstitucional, algo que también hizo Ciudadanos, aunque finalmente su diputada se abstuvo en la votación final de la norma en la Asamblea.
