Todas las cartas están sobre la mesa. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, se reunió ayer con el grupo parlamentario de Podemos para seguir avanzando en la negociación de los presupuestos de la Junta para el 2018. Se trata del segundo encuentro formal que el Ejecutivo mantiene con la formación morada (hoy lo hará con el PP) y según explicó la diptuada Jara Romero fue una cita «bastante cordial» en la que ambas partes siguieron avanzando en el entendimiento iniciado la pasada semana. Sobre la mesa, esa reforma fiscal con impacto «neutro» que la Junta ha planteado a los grupos parlamentarios y que frente a la oposición del PP, Podemos sí ve con buenos ojos.

«Podríamos apoyar una reforma fiscal si está dentro de las líneas en las que se habla ahora mismo: si no supone una reducción de ingresos y si es progresiva y redistributiva. Es decir, que implique que los que menos tienen menos paguen y los que más tienen aporten un poquito más», explicó Romero. A su juicio, esa reforma fiscal debe tener un impacto «neutro» (subir unos impuestos y bajar otros) para no mermar las arcas públicas, ya que la región «tiene un gran problema de ingresos» con los que hacer frente a los servicios públicos.

Aunque ambas partes se han vuelto a citar el lunes 16 de octubre para poner sus propuestas concretas encima de la mesa, Romero ya avanzó ayer que esa reforma fiscal podría afectar al Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el tramo autonómico del IRPF, además de incluir la creación de algún nuevo tributo autonómico de tipo ambiental. Hoy se verá cómo afecta todo esto a la negociación con el PP, el grupo con el que Fernández Vara logró pactar los dos presupuestos anteriores y que ahora exige una bajada de tributos «ambiciosa».

En relación al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la Junta y Podemos están de acuerdo en mantener las bonificaciones actuales e introducir mecanismos para hacerlo más comprensible y accesible a los ciudadanos. Según Podemos, los casos más sangrantes se deben al desconocimiento general acerca del impuesto y cree que para «paliar las injusticias» deben implementarse medidas en ese sentido. El PP y Ciudadanos, por su parte, ya se han mostrado partidarios de dejar el impuesto sin efecto con una bonificación del 99,9% en las herencias de padres a hijos, nietos y entre cónyuges para equiparar a la región con otras de mayor renta como Madrid.

BAJADA DEL IRPF / Respecto al IRPF, la propuesta de la Junta es rebajar el tramo autonómico un 1%. La medida beneficiaría a 407.000 contribuyentes y según dijo ayer Romero, la previsión del Ejecutivo es que la recaudación se mantenga al aumentar el número de contribuyentes. En relación a ese nuevo impuesto medioambiental, avanzó que podría tratarse de una figura impositiva que ya existe en otras comunidades autónomas, si bien no se aclaró qué gravaría exactamente ni a quién puesto que será objeto de negociación ahora.

«Extremadura es una región con mucho potencial medioambiental y vamos a estudiar qué tipos de impuestos se pueden poner encima de la mesa en ese sentido», explicó. La diputada reconoció, no obstante, que se trata de una cuestión «complicada» porque la región ya soporta una elevada presión fiscal y este «solo puede afectar a la gente que más tiene». Además, en la cita de ayer también se puso sobre la mesa la necesidad de trabajar más intensamente en la lucha contra el fraude fiscal en pro de esa generación de ingresos.

Pese a los desencuentros de años anteriores, Romero reconoció al término de la reunión que entre la Junta y Podemos «hay un ambiente muy cordial ahora mismo para llegar a un acuerdo». En ese sentido, la diptuada abogó por negociar primero los ingresos y después pasar a los gastos, sin descartar incluso pactar la reforma fiscal aunque no haya acuerdo presupuestario. Entonces, dijo, «tendríamos que estudiar cuál sería nuestra postura sobre los presupuestos».

En cualquier caso, Romero explicó que sus exigencias en materia de gasto «son muy fundamentales», ya que afectan al empleo y las políticas sociales. En este sentido, ya ayer plantearon la posibilidad de negociar convenios con las compañías de suministro para que la partida destinada a cubrir los mínimos vitales, de 4,5 millones y «deficitaria», no corra solo a cuenta de la Junta.