La Consejería de Salud y Política Social se reúne con representantes de asociaciones de inmigrantes de Extremadura para recabar sus aportaciones para la puesta en marcha de un Programa de Atención Sanitaria de Seguimiento (PASCAE), iniciativa que regulará la asistencia sanitaria a este colectivo.

En concreto, el programa definirá la asistencia sanitaria que se prestará a los extranjeros no autorizados ni registrados en España como residentes.

El director general de Planificación, Calidad y Consumo, Manuel Granado, y el de Política Social y Familia, Juan Bravo, explican a las asociaciones el proyecto en el que trabaja el Ejecutivo autónomo, que se traducirá en una instrucción que probablemente vea la luz en el segundo trimestre del año.

Al encuentro de hoy han sido convocadas 22 entidades, entre asociaciones de inmigrantes y otras ONGs, con el objetivo de solicitar su colaboración para la elaboración de este programa con el que se da también cumplimiento a un mandato del Parlamento de Extremadura, según Bravo.

De este modo, se da respuesta a la propuesta de impulso de IU que el pasado 25 de octubre fue aprobado por unanimidad y en la que se instaba al Ejecutivo extremeño a facilitar algún tipo de tarjeta que garantice la cobertura sanitaria de la población inmigrante, según recuerda la Junta.

Se trata de un "programa social en salud pública" mediante el que, según explica Granado, se tiene controlado al ciudadano inmigrante desde el punto de vista de la salud pública, se regulariza su situación desde la perspectiva sanitaria y se protege a toda la sociedad frente a las enfermedades infectocontagiosas.

Mediante el PASCAE se regulará y establecerá el procedimiento de atención, y las prestaciones de asistencia sanitaria y se evitarán situaciones como que un ciudadano acuda en varias ocasiones a un servicio de urgencias por un proceso por el que podría ser atendido por en su centro de salud y, en caso necesario, ser derivado al especialista correspondiente.

Así, Manuel Granado apunta que la Consejería de Salud y Política Social dictará una instrucción posiblemente en el segundo trimestre de este año en la que definirá "claramente hasta dónde va a llegar la asistencia sanitaria a estos inmigrantes".

Respecto al número de inmigrantes irregulares que se podrán beneficiar, Granado reconoce que es "difícil" conocer la cifra, aunque apunta que en la base de datos de tarjeta sanitaria figuran unos 9.000 ciudadanos extranjeros con su tarjeta en situación de baja y pendiente de acreditación ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Así, añade que unos 6.000 de ellos tienen caducado el permiso de residencia, al tiempo que recuerda que todos tenían un plazo de tres meses para regularizar su situación, aunque lo que ha hecho la consejería es mantenerlos con una tarjeta en una situación de "baja temporal activa" para que pudieran recibir asistencia.

A partir de ahora, una vez que se publique la citada instrucción, dispondrán de un plazo de tres meses para que regularicen su situación bien por la vía del aseguramiento o por la vía del PASCAE, de modo que si no lo hacen "automáticamente se les dará de baja", según ha aclarado.

Sobre si este programa contraviene el decreto del Gobierno de España, el director general de Planificación, Calidad y Consumo, Manuel Granado, responde que no porque se trata de "un programa social enfocado a la salud pública del paciente".