El Gobierno extremeño prevé que la reducción de un 30% en el canon del agua, como aprobó la Asamblea de Extremadura por unanimidad, se pueda implantar en el tercer trimestre del año. Así lo anunció ayer la directora general de Financiación Autonómica, Blanca Montero, que compareció ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento extremeño para responder a una pregunta del PSOE sobre la cuantía definitiva que tiene que abonar la Junta a los beneficiarios de la devolución del canon de saneamiento.

Montero precisó que la Consejería de Economía y Hacienda tendrá listo este mismo mes el anteproyecto de ley por el que se establece la rebaja del canon del agua, por lo que esta medida se podrá implantar en el tercer trimestre del año, una vez que supere los preceptivos trámites parlamentarios.

Con respecto a los beneficiarios de la devolución, la directora general detalló que en total se han presentado 1.591 solicitudes de devolución, por lo que, de cumplir todas los requisitos establecidos, el Gobierno extremeño tendría que devolver un total de 29.948,19 euros.

Esto supone, según Montero, que correspondería devolver una media de unos 3,13 euros por familia y mes a estos beneficiarios.

Del total de los solicitantes, 934 alegan ser parados de larga duración, 522 perceptores de pensiones no contributivas, 6 indican que ostentan las dos condiciones y 129 no precisan en qué condición optan a ser beneficiarios para la devolución del canon del agua.

La directora general especificó, no obstante, que la consejería ha comprobado que de este total, sólo 161 son perceptores de pensiones no contributivas y 464 parados de larga duración, por lo que suman un total de 625, a los que hay que restar ocho personas que no tienen domicilio fiscal en Extremadura.

Por tanto, a la espera de que se resuelvan las alegaciones que se presenten, los beneficiarios reales de la devolución serían 617 y el importe total a devolver se situaría en más de 17.000 euros.

Blanca Montero reconoció que el procedimiento para testar los requisitos que deben reunir los beneficiarios es complejo, ya que también tienen que comprobar con los ayuntamientos la inexistencia de ingresos por parte de todos los miembros de la unidad familiar.