El Ejecutivo extremeño está elaborando un documento base, negociado con los ayuntamientos que son los competentes en esta materia, para regular los residuos de la construcción. Se trataría de adaptar la normativa nacional a la realidad extremeña, y dar un tratamiento homogéneo a este problema si los municipios están dispuestos a ello. Tras esta fase de primeras consultas se elaboraría una propuesta que saldría a información pública para que se presenten alegaciones.
Uno de los aspectos propuestos en este borrador es el de que el tratamiento de estos residuos responda a la premisa de que quien contamina paga, por lo que debe ser la empresa que genere los escombros la que se haga cargo de su gestión. Para asegurar que se cumple este principio, en la propuesta figuraría la posibilidad de que los ayuntamientos, al dar la licencia de obra, exigiesen una fianza, con la que se podría acometer la limpieza de los escombros si el constructor no lo hiciese.
