La consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, ha anunciado su intención de impulsar el programa de adopción nacional y las medidas dirigidas a la protección de menores. Como muestra de esta voluntad, Lucio realizó el viernes, en nombre del Gobierno regional, la primera entrega de un bebé de nacionalidad española a una pareja extremeña en esta legislatura.

De este modo, la Junta pretende dar una alternativa familiar a aquellos niños de la comunidad que no pueden convivir con sus familias biológicas debido a una grave situación de desamparo, que exige la separación definitiva del núcleo familiar de origen. No obstante, la Consejería reconoce que los casos de menores extremeños que pueden ser sujeto de adopción por familias extremeñas son "muy escasos", de ahí que la cifra de niños procedentes de la adopción internacional "multiplique" a la de menores nacionales.

Asimismo, desde la Dirección General de Infancia y Familia se insiste en que la política en materia de protección de los menores "pone su acento" en la permanencia con la familia biológica por entender que "es un derecho superior del niño", razón por la que, según el Ejecutivo extremeño, son "muy pocos" los menores susceptibles de ser adoptados.

En este contexto, la Junta afirma dirigir sus esfuerzos al acogimiento familiar, bien sea con familia extensa (abuelos, tíos...) o bien con otras familias, salvaguardando el derecho del menor a tener contacto con sus padres biológicos y trabajando con el objetivo del retorno del menor a su familia. Solo cuando esto no es posible se opta por la adopción autonómica, explican desde Infancia y Familia.

La Consejería recuerda que podrán solicitar la adopción en Extremadura aquellas personas que, residiendo en la región, sean mayores de 25 años. Y en el caso de matrimonios y parejas de hecho, han de estar inscritas como tales en el Registro de Parejas de Hecho de la Consejería de Igualdad y Empleo. Además, los adoptantes han de tener, al menos, 14 años más que el menor adoptado, y también han de ser declarados psicosocialmente idóneos por la Dirección General de Infancia y Familias.