El Gobierno de Extremadura ha rechazado 563 solicitudes para cobrar la renta básica, el 74% de los 761 expedientes concluidos, el 90% de ellas por exceder el nivel de ingresos y patrimonio, en un proceso administrativo en el que se han detectado casos de "picaresca" y algunas "zancadillas". Los otros 198 (el 26%) son los primeros en tener concedida la nueva prestación.

El director general de Política de Infancia y Familia, Juan Bravo, detalló ayer en rueda de prensa que se han recibido 14.015 peticiones y que hay 3.595 que están en proceso de subsanación de deficiencias. El trabajo administrativo está siendo "ímprobo", según Bravo, porque algunos grupos, en alusión al Campamento Dignidad, pero sin citarlo, han desinformado "intencionadamente" a los interesados para que solicitaran la ayuda todos los miembros de la unidad familiar.

MAS COMPLICADO Ello ha complicado el procedimiento, explicó, ya que el Ejecutivo regional debe recabar ocho de los 12 documentos necesarios y, en estos casos, se ve obligado a hacerlo con cada uno de los miembros de la unidad familiar. Algunas personas les han llamado "arrepentidas" por haber actuado de esa manera.

Además, se han detectado casos de "picaresca", que no ha cuantificado, como movimientos patrimoniales a favor de menores y cambios de empadronamiento, además de otros referidos a la escolarización de los hijos, aquí positivos porque merman el absentismo educativo. También se han dado casos "anecdóticos", no generalizados, de solicitantes con dos coches.

Bravo, que insistió en que están siendo escrupulosos para que el dinero vaya realmente para los que lo necesitan, no un "chollo", y estimó que las solicitudes finalmente se situarán entre 15.000 y 20.000 y los beneficiarios entre 5.000 y 7.000. La ayuda se paga a primeros de mes, una vez transcurridos 30 días desde la firma de la resolución, según Bravo, que estimó que paulatinamente cada mes habrá más abonos hasta estabilizarse la situación antes del verano.