El Gobierno extremeño considera que no es tolerable ejercer presiones a futuras madres ya que, emocional y administrativamente, impide una elección libre, y condiciona la conciencia real de su situación.
La Junta de Extremadura ha respondido así a la polémica surgida en redes sociales y medios de comunicación por una propuesta del PP, que este partido niega, para que las mujeres inmigrantes en situación irregular que den a su hijo en adopción no puedan ser expulsadas.
"No parece tolerable ejercer una presión exacerbada en la futura madre, ya que emocionalmente y administrativamente impide una elección libre y condiciona la conciencia real de su situación", han añadido desde el Ejecutivo extremeño.
Asimismo, considera que "la responsabilidad social y humana" que se debe realizar con la población emigrante no puede vulnerar sus derechos fundamentales, independientemente de que sean madres.
Situación en Extremadura
Ha explicado que los procesos de intervención e itinerarios personalizados de inserción de mujeres migrantes en Extremadura se desarrollan con "un enfoque individual, con independencia de que se encuentren o no en estado de gestación".
Su situación no supone ni perjuicio ni beneficio en la resolución de los trámites administrativos necesarios para la regularización de la situación y los posibles permisos de residencia o tramitación de protección internacional por refugio o asilo.
"Más allá de otras consideraciones, la futura maternidad no es sino un elemento importante a considerar en el proceso de intervención y acompañamiento de estas mujeres, por encontrarse en una situación de salud y emocional que merece una especial atención".
En ningún momento, remarca el Gobierno extremeño, "se incita a las mismas a la entrega en adopción de sus hijas-os" y se oferta la información oportuna de todas las opciones posibles inherentes a su futura maternidad para ayudar y acompañar en la toma de decisiones libre e individual, igual que se hace con todas las mujeres que son atendidas en los recursos de atención social.
Recuerda que, según los convenios internacionales, en caso de adoptarse resolución denegatoria del permiso de residencia o asilo y decretarse el retorno, éste debe de realizarse en condiciones garantistas, "lo que implica que no podría hacerse si fuese un riesgo para la salud de la madre o del bebé".
Este precepto también se pone en juego cuando, por ejemplo, un menor extranjero sin referentes familiares verbaliza su intención de retornar a su país de origen y el retorno no puede realizarse hasta que no garantizamos la localización de la familia o que el mismo pueda ser acompañado para su protección en el tránsito.
