La directora general de Empresa de la Junta, Ana María Alejandre, explicó ayer que el número de solicitudes presentadas para recibir las ayudas puestas en marcha por el Gobierno regional para la reestructuración financiera de pequeñas y medianas empresas asciende hasta la fecha a 113 y se corresponde con 15,4 millones de euros en préstamos y créditos. De estas solicitudes, "el 25% han sido resueltas". Mientras, al 45% de los solicitantes se les ha pedido "única y exclusivamente la documentación regulada" en el decreto de esta línea de ayudas, la cual no habían adjuntado, y al 30% restante se le ha realizado un trámite de audiencia para "aclarar" si la operación puede ser objeto de ayuda.

Así lo explicó Alejandre en la Comisión de Economía de la Asamblea, en la que el Grupo Parlamentario Popular preguntó sobre la valoración efectuada por la Junta acerca de la puesta en marcha de esta línea de ayudas. En su intervención, la directora general recordó que el objetivo de esta medida es facilitar el acceso de las empresas en la región a la financiación bancaria para adecuar y reforzar su estructura financiera, a través de una línea una de apoyo al circulante, otra de refinanciación de pasivos y otra línea ICO-Vivienda.

El diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón apuntó que el decreto de esta línea de ayudas nació "bajo el paraguas" del Plan Europeo de Recuperación Económica que reconoce la necesidad de articular medidas ante la situación económica actual de forma "eficaz y urgente". En este sentido, criticó que a "nueve días" de que se cumplan los seis meses de la puesta en marcha del decreto --el próximo 2 de octubre-- no se haya publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el número de empresas que han solicitado estas ayudas.

Tras recordar que el PP de la región propuso en su día un plan de ayudas similares con un plazo máximo de resolución de 45 días, mientras la Junta ha establecido dicho plazo en seis meses, Carrón señaló que en momentos de "especiales dificultades" para los empresarios "lo que no se puede hacer es tardar seis meses en conceder estas ayudas porque en este tiempo la empresa muere asfixiada".

La directora de Empresa defendió que el permitir seis meses para la resolución de expedientes persigue "beneficiar" al empresariado puesto que "uno o dos meses es el tiempo que tendría la empresa para facilitar la documentación".