La Junta reclama a Rajoy 132 millones por anular el impuesto bancario y el eléctrico

La directora general de Política Económica, Raquel González, ante la demanda del grupo parlamentario socialista, avanzó ayer en la Asamblea que el consejero de Economía, Antonio Fernández, ya se ha puesto en contacto con el Ejecutivo central para que reciban a representantes de la comunidad para negociar el importe de "compensación" a los extremeños, que la propia Junta cifra exactamente en 132,3 millones.

Esta cuantía es la que había venido recibiendo la región desde la entrada en vigor del impuesto sobre depósitos bancarios y el impuesto a las eléctricas. Por el primer tributo reclama 39,1 millones de euros y por el impuesto eléctrico pide otros 93,2 millones --resultado de los 71,5 millones recaudados por dicho concepto en 2012 más la subida del tipo de gravamen aplicada en la última ley de reformas fiscales de Extremadura--.

Con esta compensación la supresión de ambos impuestos "no tendrá impacto en la economía extremeña", explico González durante la Comisión de Economía celebrada ayer por la mañana. La directora general insistió en que este dinero se reclama en base a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y aseguró que el escenario que manejan es que "ese dinero va a llegar".

Por su parte, el diputado socialista Miguel Bernal pidió ayer al Gobierno regional que no haga "trampas" con ambos impuestos y recordó que si finalmente llega a la región ese dinero "no vendría de donde tiene que venir", de los bancos y las empresas eléctricas, "si no de los españoles y los extremeños como así lo ha decidido finalmente el Partido Popular", criticó Bernal. "Con esto lo que el Gobierno central pretende es reducir impuestos a los grandes y cargarles subsidiariamente esos impuestos a los débiles", un "desaguisado" que el diputado exige al presidente Monago que pare cuanto antes.

Asimismo, advirtió que cuando se produzca la modificación del mecanismo de financiación de las comunidades "el fondo de suficiencia va a absorber esas compensaciones que el Gobierno central pueda mandar por la eliminación de los impuestos (autonómicos) y Extremadura acabará por perder 132,3 millones de euros cada año".

Esta nueva demanda se produce semanas después de que el Consejo de Ministros aprobará la creación de un impuesto tipo cero a las entidades bancarias que anula el tributo autonómico que reconocía una sentencia del Tribunal Constitucional y contra la que las entidades interpusieron un centenar de recursos. En el caso del impuesto a las eléctricas, aprobado en el pleno el pasado año, el Ejecutivo central impuso una tasa del 7% a la compañías eléctricas que imposibilita la extremeña, ya que no puede existir una doble imposición.