El gobierno regional reclama a Ambulancias Tenorio, adjudicataria del servicio de transporte sanitario terrestre en la región, la documentación «literal» de las sanciones impuestas por vulnerar derechos laborales para estudiar si se incumple o no el pliego de condiciones y tomar las decisiones oportunas. En declaraciones a los medios, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, afirmó ayer que tras un estudio «concienzudo y jurídico» de las sanciones, se aplicará la correspondiente sanción o en caso más grave, la rescisión. «Yo no voy a tomar ninguna decisión precipitada que le cueste dinero a los extremeños», declaró Vergeles, quien insitió a su vez en que «si hay motivos para la rescisión del contrato, se tendrá que rescindir» pero eso no se puede saber «hasta en tanto no nos den la literalidad de las sanciones y se analicen».

En este sentido, Vergeles subrayó que «no es lo mismo la seguridad de los pacientes que el incumplimiento de las condiciones laborales». «No por cobrar más se va más seguro en una ambulancia, ahora, sí por descansar más, se va más seguro en una ambulancia», precisó. Según recoge Efe, el consejero incidió en que la Junta «está actuando desde el primer minuto», de hecho, una parte de la inspección laboral realizada a la empresa es de la propia administración autonómica.

Además, Vergeles destacó que se celebran reuniones permanentes de seguimiento de este concurso, en las que se lleva a cabo «un análisis pormenorizado de todos los cumplimientos e incumplimientos» que pueda haber, algunos de los cuales han tenido consecuencias para la empresa como la sanción que se le impuso por los problemas ocasionados durante los primeros días de prestación del servicio.

El titular de Sanidad mencionó también que cuando se produjo una amenaza de huelga recientemente, «la Junta forzó a la empresa a que diese soluciones» para evitarla huelga porque entendía que lo que «reclamaban los trabajadores eran condiciones que se podían ofertar» por parte de Ambulancias Tenorio. En esta ocasión, le reclama la documentación ya que el órgano de contratación tiene que tener «conocimiento literal» de las sanciones que están impuestas para conocer en «qué pueden afectar al pliego de condiciones técnicas» del contrato y en función de lo que se incumpla, esto «se traducirá en sanción u otra consecuencia».

Sobre la posibilidad de rescindir el contrato con Ambulacias Tenorio, Vergeles manifestó que las extinciones de los contratos públicos son «muy complicadas desde el punto de vista de la tramitación administrativa», y tienen que estar «muy bien fundamentadas jurídicamente». Así, recordó que cuando gobernaba el Partido Popular, este «rompió un contrato de construcción del hospital nuevo de Cáceres, que a los extremeños nos costó millones de euros de indemnización a la empresa» porque «no estaba bien argumentado jurídicamente». Por eso, el ejecutivo regional será «muy cabal» a la hora de aplicar unas medidas u otras, insistió Vergeles, quien avanzó que la Junta está ahora mismo en «un proceso de estudio» para definir cómo se va a prestar en los próximos años el transporte sanitario programado.