La secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo de la junta, Isabel Moreno, ha afirmado hoy que se ha recuperado 192 viviendas sociales en barriadas de Mérida, Badajoz, Cáceres y Plasencia (Cáceres), en algunos casos de manos de "traficantes, prestamistas y extorsionadores"

Así lo ha señalado ante la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda de la Asamblea de Extremadura para informar de las mesas de trabajo creadas al amparo del Protocolo de Desahucios.

Asimismo, informa que de las 192 viviendas recuperadas únicamente ocho estaban ocupadas por familias y una de ellas, de Badajoz, ha sido realojada a petición de las plataformas y del Ayuntamiento al contar con cuatro hijos menores de edad.

Del total de viviendas recuperadas, ha continuado, 28 no estaban ocupadas, 16 se han obtenido por cambios y 26 por ocupaciones ilegales, entre otros casos.

También, ha agregado que en algunos casos la Policía Nacional detuvo a algunas personas al intervenirse, en los inmuebles, drogas y armas.

Moreno ha explicado que el Protocolo permite "priorizar los desahucios que necesariamente hay que llevar a cabo en las viviendas sociales conjuntamente con las plataformas que verdaderamente se preocupan por las familias".

Entre ellas, ha mencionado las de los barrios de Suerte de Saavedra y de Los Colorines de Badajoz, la de Afectados por las Hipotecas de Olivenza (Badajoz) y de Mérida, las de "Mujeres Sembrando" y de Adicae en Cáceres.

También ha dicho que se facilita información a los ayuntamientos, en concreto a los grupos municipales, de Mérida, Badajoz, Cáceres y Plasencia (Cáceres), que "están absolutamente encantados de lo que desarrolla la junta para conseguir la dignidad de la barriadas".

Ha agregado Moreno que los inquilinos agradecen a los empleados las medidas de esos desahucios ya que "están más tranquilos" al expulsar a "las personas que nunca deberían haber ocupado esas viviendas".

"No se puede seguir permitiendo que las barriadas sociales tengan viviendas destinadas a perreras, a plantaciones de marihuana y a puntos de ventas de droga", ha añadido, ya que el resto de familias con escasos recursos tienen derecho a "educar con dignidad a sus hijos en esos bloques sociales".

En cuanto a las actas de recuperación de los inmuebles, ha explicado que no se ha publicitado ante los grupos parlamentarios en la Asamblea la identidad de los firmantes ya que "no hay que ponerles en peligro" porque "los ocupantes ilegales eran personas de alta conflictividad social y de alto historial delictivo". Finalmente, se ha comprometido a entregar las actas "pero sin firmas".

Por su parte, el diputado del PP, Saturnino López, ha criticado a la junta por su retraso a la hora de facilitar a los grupos parlamentarios información sobre esta cuestión para que éstos pudieran ejercer su labor de control.

A su vez, el parlamentario de Podemos, Daniel Hierro, ha señalado que la situación de estas barriada son "fruto de la marginalidad y de la pobreza", y que los desahucios pueden acabar con determinados problemas pero que éstos se reproducirán.

Ha dicho que es "reprobable" que no se renueve el acceso a esas viviendas a las familias que no pueden pagarlas, por lo que ha reclamado que se dialogue con ellas.