La secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, María Isabel Moreno, explicó ayer que la Junta ha recuperado 28 viviendas sociales en las ciudades de Mérida, Badajoz, Plasencia y Cáceres tras "las ocupaciones ilegales y las no ocupaciones". Reiteró que "por no pagar no se hecha a nadie".
Moreno Duque compareció ayer a petición propia en la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda para aportar estos datos y subrayó que la Junta no se puede permitir "el uso indebido" de esas viviendas. De las 28 recuperadas un "porcentaje importante" estaban desocupadas, incluida la "última" vivienda recuperada en Cáceres, la cual no estaba habitada por nadie y contenía en su interior una plantación de marihuana y armas.
"No se puede permitir que los prestamistas, extorsionadores y traficantes de algunas de la barriadas como la de Los Colorines de Badajoz puedan llegar a conocer a los firmantes de las actas de las viviendas". De estos 28 desahucios, explicó quede Protocolo de Desahucio y Alzamiento de Viviendas "no es un arranque de transparencia" sino que incluye dar cuenta del trabajo de apoyo con las plataformas de apoyo a las familias en riesgo de desahucios, cuyo número no ha mencionado. También destacó la "absoluta coordinación" con la Delegación del Gobierno en la región en esta materia y que habrá "servicios de intermediación" entre la Junta con las entidades financieras ante los desahucios.
Por su parte, el parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido Popular Saturnino López Marroyo afirmó que la Junta no ha contestado a la pregunta sobre el número de desahucios y acerca de cómo se van a tomar las decisiones en cuanto al destino de las viviendas sociales extremeñas.
A su vez, la diputada del PSOE Ana Belén Fernández González manifestó que el actual Gobierno de Extremadura trabaja por "minimizar" los efectos de los desahucios mediante diversas "soluciones habitacionales". Por su parte, el parlamentario de Podemos Daniel Hierro resaltó que "la pobreza se cronifica" ya que el parque de viviendas públicas regional "es insuficiente". A su juicio, "muchas familias se quedan fuera" y hay 28.000 personas afectadas por esa carencia mientras que crecen los "guetos" y se mantiene los "parches".
