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acuerdos del consejo de gobierno

La Junta recurre al Constitucional el suplemento a la ecotasa de 2013

Vara reitera que el impuesto extremeño es legal y que son las compañías quienes deben asumir el pago. El BOE publica la orden para que las eléctricas carguen a los usuarios los 1,4 millones de los peajes de ese año

 

Torres de alta tensión, en una imagen de archivo. - EL PERIÓDICO

La ecotasa sigue dando la batalla. El Ministerio de Transición Ecológica publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden para que las compañías eléctricas carguen a los consumidores el suplemento autonómico del Impuesto de Actividades que Inciden en el Medio Ambiente (conocido como ‘ecotasa’) por los peajes de energía del año 2013, una orden que la Junta va a recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) por considerar que son las propias empresas y no los consumidores quienes tienen que afrontar su pago.

En total, serían 1,45 millones de euros la cantidad que los extremeños tendrían que devolver a las eléctricas (1,37 millones por los peajes de acceso de energía eléctrica de ese año y 76.379 euros de intereses de demora). Cada familia asumirá su parte correspondiente en función de parámetros como la energía consumida o la potencia contratada, de forma que para un hogar con consumo anual de 600 euros se estima un pago de 1,81 euros. Si la cantidad a liquidar es superior a los dos euros, se podrá fraccionar en varios recibos. El Gobierno da un plazo de seis meses a las compañías para calcular los importes exactos de cada usuario e informarles de todo el proceso.

La orden publicada ayer por el Ministerio de Transición Ecológica viene a confirmar que son los ciudadanos quienes tendrán, en principio, que hacer frente a los llamados suplementos territoriales de la ecotasa, unas cantidades que las autonomías que en el año 2013 contaban con impuestos propios a las eléctricas (Extremadura, Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra) debían haber devuelto a las compañías.

El conflicto tiene su origen en el año 2007, cuando se reformó la ley del sector eléctrico para incluir un artículo que posibilitaba, en caso de que las actividades eléctricas fueran gravadas con tributos autonómicos o locales, incluir un suplemento territorial al peaje de la energía para compensar ese gasto. En 2012 esa posibilidad se convirtió en una obligación y aunque finalmente en 2013 volvió a dejar de serlo, durante todo ese año completo estuvo en vigor la norma que los convertía en obligatorios. Las eléctricas reclamaron los pagos correspondientes a las autonomías hasta llegar a los tribunales y en sendas sentencias de los años 2014 y 2016 el Supremo les dio la razón, de ahí que ahora el Gobierno publique esta orden para cargar el pago a los usuarios.

LA JUNTA, EN CONTRA / En este escenario, la Junta de Extremadura confirmó ayer que recurrirá la orden estatal al Tribunal Constitucional, pues entiende que deben ser las compañías y no los usuarios quienes asuman este impuesto autonómico. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el presidente, Guillermo Fernández Vara, recordó ayer que la ecotasa «se ajusta a derecho» según una sentencia anterior del TC que señala que son las empresas las que deben abonar este tributo y no lo podrán repercutir en los ciudadanos mediante un incremento de las facturas.

IMPUESTO AL MEDIO AMIENTE / Además, recalcó que Extremadura no tiene un impuesto a las eléctricas, sino un impuesto que grava a las instalaciones cuya actividad incide en el medio ambiente, de ahí que la Junta no esté conforme ni con el importe recogido en el BOE ni con su cargo a los usuarios. «Deben pagar aquellos a quienes se les impone», reiteró Fernández Vara.

Preguntado por el asunto en la Asamblea, en la misma línea, el portavoz parlamentario del PSOE, Valentín García, se mostró «esperanzado» de que la región pueda ganar a las eléctricas y recordó la «lucha titánica» que los socialistas han mantenido siempre a favor de los consumidores en relación a este impuesto, informa Europa Press. Por su parte, la portavoz del PP, Cristina Teniente, también señaló que les parece «bien» que la Junta presente este recurso en defensa de los intereses de los consumidores.

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