La Junta recurrirá finalmente el real decreto que regula la 'reválida' de 6º de Primaria. La prueba está prevista en la Lomce y deben hacerla este año, a final de curso, por primera vez 10.400 extremeños.

Tras varias reuniones con los directores de los colegios públicos de la región y los centros de profesores y recursos, el Consejo de Gobierno acordó ayer acudir a los tribunales para paralizar la nueva evaluación final a la que desde este año deben someterse los alumnos de 12 años. Así, la Administración regional interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, que regula el procedimiento para llevar a cabo la evaluación final establecida en la Lomce.

Dicha prueba, conocida como reválida, no tiene carácter académico para los alumnos, su fin es diagnosticar dificultades de aprendizaje y tomar a tiempo las medidas oportunas. Sin embargo, la Administración regional tiene "serias dudas" sobre la utilidad de esta evaluación, "ya que un solo ejercicio no aporta información sobre todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes". Además, insiste, obliga a niñas y niños de 12 años a someterse muy pronto a la tensión y ansiedad que supone una evaluación que no realizarán sus profesores.

Estos son algunos de los motivos por los que la Junta ha decidido recurrir a la justicia después de que el Ministerio de Educación no haya respondido al requerimiento formal realizado por la Consejería de Educación en el que solicitaba la derogación de dicho decreto. Pero hay más razones: la falta de diálogo con todas las comunidades para poner en común esta nueva evaluación y la obligación impuesta en el decreto de que sean profesores de otros centros los que realicen y evalúen las pruebas. "Este planteamiento infravalora la profesionalidad de los docentes extremeños", dice la Junta. La organización de esta prueba supondría un gasto extra al Ejecutivo regional, cifrado en más de 100.000 euros, y una nueva responsabilidad; habría que movilizar a 680 aplicadores y correctores de las pruebas, "que deberán desplazarse durante dos días consecutivos a un centro distinto al suyo".

Esta evaluación final se realiza también desde el año pasado en 3º de Primaria, pero no es de carácter externo. A partir de 2017, si se mantiene la Lomce, también tendrá que realizarse en 4º de ESO y 2º de Bachillerato, pero en ambos casos sí conllevará consecuencias académicas y deberán superarse para seguir con los estudios.

Sindicatos como PIDE aplauden la decisión de la Administración, porque desde el principio se han mostrado contrarios a una evaluación que, a su juicio, servirá para clasificar al alumnado, para crear ranking de centros y centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la superación de esta prueba, entre otros argumentos contrarios.