El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes un decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas de la comunidad.
La reciente firma del Plan de Actuación para la Prevención de Riesgos Laborales en Extremadura para el periodo 2016-2019 y la "necesidad" de perfilar determinados aspectos de la propia gestión de estas ayudas justifican, según el Ejecutivo regional, la "necesidad" de abordar la elaboración y aprobación de un nuevo decreto de bases reguladoras de estas subvenciones, que sustituya al anterior decreto 257/2014, de 25 de noviembre.
La finalidad fundamental de este decreto es contribuir a una "más eficiente" gestión de las ayudas y "garantizar la eficacia" en el cumplimiento de los objetivos perseguidos con el otorgamiento de las mismas, así como "agilizar" el procedimiento para los potenciales beneficiarios, así como a incluir nuevas actuaciones y gastos subvencionables, explica en nota de prensa la Administración autonómica.
NOVEDADES DEL DECRETO
Entre otras novedades, se eleva el número máximo de trabajadores que han de tener las entidades beneficiarias (de 25 a 50) con el fin de que puedan optar a estas ayudas un mayor número de empresas, sin renunciar al concepto de pequeña y mediana empresa, a la que van dirigidas principalmente estas subvenciones.
Por otra parte, en el nuevo decreto se amplían las actuaciones subvencionables introduciendo tres modalidades nuevas a fin de dar cobertura a un mayor número de necesidades en materia de seguridad y prevención de riesgos derivados del trabajo, especialmente para los colectivos con un nivel más elevado de exposición al riesgo o a agentes nocivos y contaminantes.
Entre esas nuevas actuaciones subvencionables figuran las inversiones que se realicen para la adaptación y mejora de las condiciones de trabajo en puestos ocupados por trabajadoras embarazadas o en período de lactancia.
También se encuentran en este grupo la adquisición de equipos cuya función sea evitar o reducir la manipulación manual de cargas por los trabajadores y la retirada de materiales con amianto existentes de los centros de trabajo en los que la empresa solicitante desarrolle habitualmente su actividad.
También se matizan en el nuevo decreto las actuaciones no subvencionables, acotando con mayor precisión las materias e inversiones excluidas.
Se trata, en definitiva, según la Junta, de una medida de fomento con la que se incentivan las actividades de los particulares que colaboren en la consecución de un fin de carácter público, como es la "mejora" de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la "reducción" de la siniestralidad laboral en Extremadura.
