La Junta de Extremadura regulará la oferta de alquiler de viviendas privadas de uso turístico a fin de reglamentar un fenómeno en alza que ampara situaciones de intrusismo, evasión fiscal y ausencia de garantías al cliente.
Así lo ha manifestado el director general de Turismo, Francisco Martín, en la comisión parlamentaria de este área, en la que ha comparecido para responder a una pregunta de la diputada popular Elisa Cepeda sobre las actuaciones que la Junta está desarrollando para controlar estos alojamientos "alegales".
En concreto, Martín ha mostrado su desacuerdo con esta práctica "fraudulenta e insegura", por lo que acometerán esta labor de regularización a lo largo de la legislatura, velando por aspectos como la habitabilidad, salubridad y atención continuada a los clientes.
"La mera conversión de una habitación en un alojamiento turístico no puede contar con el amparo de la Administración", ha aseverado en este sentido.
No obstante, ha insistido en la necesidad de que se realice sobre la base de una regulación homogénea para el conjunto del país, por lo que en la próxima reunión de la comisión de directores generales de Turismo reclamará la elaboración de unas condiciones técnicas para las comunidades autónomas, tal y como reclama el sector de alojamientos de España.
Lo hará porque, ha añadido, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos no ha sido "suficiente" y dado que los resultados de las normativas redactadas por algunas regiones han sido "escasos".
Paralelamente, la Dirección General seguirá ejerciendo su responsabilidad de control a través de la inspección de las viviendas privadas alegales.
En este sentido, el director general ha advertido de que su actividad tiene un impacto económico y social "negativo", evade impuestos, no aporta garantía ni seguridad al cliente y perjudica la competitividad del destino turístico de Extremadura.
La diputada popular le ha pedido celeridad en la adopción de esta regulación ante la "proliferación" de plataformas privadas que anuncian estas viviendas, amparando de este modo "un intrusismo y competencia desleal".
A este respecto, el director general le ha replicado que el anterior Gobierno de José Antonio Monago hizo "oídos sordos" a este fenómeno.
Por otra parte, en la comisión parlamentaria se ha debatido sobre las infraestructuras hidráulicas que la Junta de Extremadura va a financiar con cargo a la recaudación del canon de saneamiento.
A este respecto, el diputado popular Víctor del Moral ha denunciado que el presupuesto regional para 2016 prevé una recaudación de 16 millones con cargo a este tributo, mientras que sólo establece inversiones en obras hidráulicas por importe de 9 millones, pese a que la norma establece que todo lo percibido por el canon debe destinarse a este fin.
El director general de Infraestructuras, José Luis Andrade, ha afirmado que la Junta ha venido dando cumplimiento desde 2013 con lo establecido en la normativa, al tiempo que ha recriminado al PP que durante su etapa en el gobierno no concretara las actuaciones que iba a acometer con cargo a él, que ha cifrado en un 30-35 por ciento de la recaudación.
También ha comparecido el secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jesús Alonso, para responder a una pregunta del PP sobre el Programa de Liderazgo Empresarial en I+D+i.
Entre otras medidas, ha destacado la reciente convocatoria de 15 millones de euros en ayudas a las empresas para la financiación de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental, a la que se sumará una nueva convocatoria de dinamizadores de inversión dirigida a las pymes.
El desarrollo del Programa Startup, la finalización de la construcción de la bioincubadora de empresas de base tecnológica en Cáceres, y un teléfono de atención empresarial en materia de financiación en I+D+i ha sido otros de los proyectos destacados por el director general.
