La directora general del Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEx), Ana María Guerra, ha expresado hoy que las quejas registradas por los consumidores en Extremadura han aumentado debido a que conocen cada vez más los recursos a su disposición para hacer valer sus derechos.
Así lo ha manifestado en la Comisión de Cooperación Internacional, Comunicación y Consumo de la Asamblea de Extremadura en respuesta a la pregunta de la diputada popular Felisa Cepeda sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Junta a este respecto en esta época de crisis, pérdida de empleos y subida de precios.
En este sentido, Guerra ha estimado estas medidas como "aceptablemente buenas y en constante mejora" y ha añadido que la Junta trabaja por la protección de los derechos del consumidor con el apoyo a la pequeña y mediana empresa, por un lado, y mediante la inspección, por otro.
Ha destacado también la creación del Instituto de Consumo de Extremadura como instrumento de gestión que potencia la participación de asociaciones, cámaras de comercio y empresas dentro del mismo a través de sus órganos rectores.
Asimismo, ha recordado que seis municipios se han adherido al Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, que facilita el acceso a los recursos existentes en materia de consumo en todo el territorio extremeño, incidiendo sobre todo en los municipios de menor población.
De la misma manera, Guerra ha destacado que la Junta ha impulsado la junta arbitral de consumo como órgano de resolución extrajudicial de conflicto y ha señalado que está siendo cada vez más utilizado por las empresas y cuyo grado de satisfacción está siendo estudiado por la Universidad de Extremadura.
Este arbitraje de consumo se plantea como un sistema gratuito y accesible que abre la vía de restitución de un daño ocasionado al consumidor y favorece tanto a empresarios como a consumidores.
En este sentido, ha matizado que ya se han se han celebrado audiencias en ciudades como Badajoz, Mérida, Almendralejo, Cáceres, Coria, Navalmoral de la Mata, Montijo, Plasencia, Llerena y Don Benito, entre otras.
Otras de las novedades que Guerra ha presentado es la creación del Laboratorio de Consumo que tiene como objetivo el control de la calidad y la comprobación del cumplimiento de la normativa vigente de los productos industriales existentes en el mercado extremeño.
Además, la directora general ha incidido en que Extremadura preside el Grupo de Trabajo de Control de Mercados, que desmenuza cada una de las incidencias que pueda haber en el mercado y pueda ser considerada riesgo para el consumidor, adoptando la medida necesaria y proporcionada para corregir las deficiencias velando así por la seguridad de los consumidores.
Ha destacado también la creación del Consejo de Consumidores Puro, donde solo están representadas las Asociaciones de Consumidores de Extremadura, ya que hasta ahora en el Consejo de Consumidores, órgano consultivo y de asesoramiento en materia de consumo, estaban representadas, también la Administración y las Cámaras de Comercio.
Aún así, la diputada popular Felisa Cepeda ha considerado "inoperantes" el Instituto de Consumo de Extremadura y la Oficina de Información al Consumidor y ha manifestado que "no están a la altura de los consumidores" y que se están padeciendo "graves deficiencias".
En este sentido, ha expresado que es necesario elaborar un protocolo sobre el servicio al ciudadano, hacer gratuito el teléfono al consumidor, que el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor tenga gerente, del que carece desde noviembre, así como una política global en materia de protección de los consumidores.
