Un plan de actuación para organizar el parque de vivienda social, mejorar su gestión y ampliarlo a través de nuevas estrategias que incluyan a entidades financieras e incluso a propietarios particulares, con el fin de que la vivienda sea un derecho real y la vivienda social, una opción para aquellos que verdaderamente necesitan. Son los ejes de un proyecto ambicioso y de largo recorrido en materia de vivienda pública, en el que la Junta de Extremadura ha dado esta semana un primer paso: la firma de un protocolo con colectivos sociales para organizar y decidir sobre el millar de expedientes de desahucio en marcha, de los que la mitad cuentan con auto judicial y por tanto con decisión firme que autorizaría a la Junta al desalojo. Si se lleva a cabo o no es lo que decidirán las mesas que comenzarán a reunirse en febrero y en las que, junto a los técnicos de la Junta, están llamados a participar la Plataforma de Afectados por la Hipoteca-Stop Desahucios, Adicae y Campamento Dignidad. Los primeros expedientes que se pondrán sobre la mesa serán los 61 abiertos en la actual legislatura y que están aún en fase administrativa.
1.- QUE NO PAGUEN LAS FAMILIAS QUE NO PUEDEN: 41 CASOS
La Dirección General de Vivienda ha archivado 41 expedientes de desahucio abiertos que se encontraban aún en fase administrativa al comprobar que las familias no afrontaban los pagos por falta de recursos. En lo que va de legislatura se han iniciado un centenar de expedientes, de los que 61 continúan por el momento su curso, aunque no entrarán en la vía judicial hasta que las mesas locales definidas dentro de ese nuevo protocolo decidan sobre ellos.
Estos expedientes forman parte de los 1.144 abiertos en las dos últimas legislaturas, de los que 508 tienen auto judicial y por tanto autorización para llevar a cabo del desalojo de la vivienda. En todo caso Vivienda ha aparcado todas las ejecuciones hasta que se revisen uno a uno los casos. Lo harán los técnicos de la Junta y decidirán las mesas de trabajo en las que también estarán colectivos sociales. Por ellas pasarán todos los expedientes, comenzando por los 61 que se encuentran en fase administrativa. Será el primer paso hacia un control sobre la situación del parque viviendas sociales y públicas.
"Se trata de que haya un control sobre desalojos que tenemos que hacer necesariamente del parque de vivienda social", resalta la directora general de Vivienda María Isabel Moreno, que argumenta la necesidad de ese control para garantizar que los pisos los tienen "personas que verdaderamente lo necesitan" y que tienen en ellos "el uso habitacional propio".
2.- HAY 5.300 SOLICITUDES A LA ESPERA DE UN PISO SOCIAL
Según los datos de la Dirección General de Vivienda más de 5.000 personas participan en algunos de los procesos para recibir una vivienda social. De ellas, 304 familias han solicitado una adjudicación directa de vivienda, el procedimiento por el que la Administración regional concede una casa social a aquellos con una situación extraordinaria que les sitúan en un escenario especial de vulnerabilidad, como las mujeres víctimas de violencia de género. Además hay otro centenar de procesos ordinarios en marcha en distintos municipios --los que se abren para tramitar la adjudicación de una vivienda social que ha quedado desocupada--. En estos casos es más difícil conocer cuántas solicitudes está tramitando la Junta de Extremadura, porque las cifras fluctúan mucho, aunque por término medio se reciben medio centenar de solicitudes por cada caso --la demanda es mucho mayor en las viviendas que están en las ciudades que en las de los pueblos--, lo que supondría que unas 5.000 familias están a la espera de una vivienda social en ese caso. El parque de vivienda pública de la Junta de Extremadura es de 14.400 pisos en los que estarían las viviendas sociales y otras bajo distinto tipo de protección. La bolsa de viviendas sociales incluye más de 5.000 viviendas, solo en las grandes ciudades.
3.- OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA: HERRAMIENTA PARA EL CONTROL
Es una de las prioridades que se marcan desde la Dirección General de Vivienda y una de las primeras acciones que su titular pretende que se lleve a cabo en cuanto se apruebe el presupuesto de la Junta de Extremadura. La razón: "es lo que nos permitirá conocer
en que situación están todas las viviendas, hacer un buen diagnóstico de la situación", explica la directora general de Vivienda, María Isabel Moreno. Y entiende que es imposible que pueda estar "bajo control" con los recursos actuales, con un exiguo equipo integrado por cuatro trabajadores de la Administración regional distribuidos entre Badajoz, Cáceres y Plasencia.
"Hace nada teníamos 34 viviendas libres en Plasencia sobre las que había que hacer reparaciones para poder entregarlas a nuevas familias", dice Moreno. Pero una semana después de ser recuperadas por la Junta, 20 habían sido ocupadas de nuevo de forma irregular. Esa escasa capacidad de reacción ahora es uno de los motivos por los que Vivienda quiere poner en marcha una batería de actuaciones que permitan a la Administración recobrar el control. "Esto no se puede demorar, porque cada vez que tenemos viviendas vacías hay un efecto llamada hacia esta tipología de vivienda que impide que las personas que realmente lo necesitan accedan a una ellas", reivindica.
El Observatorio de la Vivienda contará con Agentes de la Vivienda que permitan hacer de órgano en el centro neurálgico del parque de le vivienda extremeño, no solo la vivienda social, sino también la residencial. "Ahora no sabemos nada, ni las viviendas que hay ocupadas o vacías, las que tienen hacinamiento... no sabemos nada", dice. Y confía en que saberlo les permita diseñar estrategias y definir, por ejemplo, si se puede actuar sobre el mercado del alquiler. De hecho la Junta se plantea este observatorio, con independencia de que la ley de emergencia social de la vivienda que quieren sacar adelante se llegue a tramitar o no.
4.- LEY DE EMERGENCIA SOCIAL, LA VIVIENDA COMO UN DERECHO
Es otra herramienta más que permitirá hacer efectivo el derecho a la vivienda y podría iniciar el trámite parlamentario en este primer semestre. La idea es que conserve la filosofía andaluza con la que se dieron los primeros pasos, en cuanto a que sea una ley que ponga el acento en la necesidad de favorecer que todas las personas puedan acceder a una vivienda digna y que no haya desahucios entre aquellos que no pueden pagar. Esta ley forma parte de la norma contra la Exclusión Social que prepara el Ejecutivo regional y está incluida en la Agenda del Cambio presentada por Guillermo Fernández Vara. Dio sus primeros pasos el año pasado, cuando se vio en el Consejo Asesor de Vivienda y a principios de año se inició su exposición pública. Aunque la ley que se aprobó en Andalucía fue declarada inconstitucional, la administración extremeña entiende que algunas medidas que contemplaba podrían llevarse a la práctica.
Entre las que incluiría la ley extremeña estaría el derecho de tanteo y retracto de la Junta de Extremadura sobre las viviendas protegidas: "cuando un banco desahucia a una familia que tiene una vivienda con algún tipo de ayuda pública, como la ayuda a la autopromoción o a la VPO que hubo, además de echar a la familia a la calle, se está quedando con dinero público", explica la directora general. Otra medida sería destinar la fianza de arrendamientos privados a políticas de vivienda --algo que se hace en muchas regiones pero en Extremadura carece de regulación--.
En todo caso la Junta pretende incorporar a esos planteamientos otros textos que han salido adelante en los últimos meses, como el de la Plataforma de Afectados pro la Hipoteca que se aprobó el pasado verano en Cataluña y que "tiene cuestiones interesantes" y entiende que a través de enmiendas el texto también se "enriquecerá" en el trámite parlamentario. La ley no contemplará sanciones para propietarios privados ("puede ser cuestionable desde el punto de vista de la ética política, pero no podemos sancionar a una persona que tenga muchos pisos en alquiler", dice la directora general) pero sí acciones para evitar que los bancos inmovilicen vivienda habitada.
5.- ACUERDOS PUNTUALES CON LA SAREB Y CON OTRAS ENTIDADES
La Junta de Extremadura acaba de rechazar un acuerdo con la Sareb para hacerse con su parque de viviendas en la región. Se había planteado pero, según explicó María Isabel Moreno en la última Comisión de Vivienda "no se puede firmar a cualquier precio", en relación a que el precio del 'banco malo' incluía que hasta el 50% de las viviendas a disposición de la Junta estuvieran habitadas, lo que pondría a la Administración regional en la tesitura de iniciar un expediente de desahucio o mantener al inquilino con un alquiler social aunque no reúna los requisitos. "No quiere decir que no colaboremos con la Sareb en acuerdos puntuales", matiza la directora general. La Junta no cierra la puerta a un nuevo convenio con la Sareb, pero insiste en que "no será a cualquier precio" y plantea otras alternativas en las que se están trabajando, como las viviendas en proceso de ejecución hipotecaria en manos de otras entidades. De hecho se ha pedido un listado a todas las que tienen en la región, para poder estudiar la posibilidad de ofrecerlas con un alquiler social.
6.- PRECIOS TASADOS PARA ATRAER A LOS PROPIETARIOS
La Junta se plantea además explorar medidas para atraer a propietarios de viviendas vacías hacia alquileres asequibles. Aún está en una fase preliminar de estudio, pero lo que se evalúa es una política de incentivos a través de la Administración para ofrecer al propietario garantías sobre su vivienda: un periodo mínimo de alquiler y una garantía de conservación en buen estado de la vivienda a cambio de que rebaje el precio del alquiler.
