La Junta de Extremadura sigue adelante con la tramitación del decreto ley de medidas extraordinarias contra la exclusión social, una vez "oído" el Consejo de Estado, que ha avisado de que algunos aspectos pudieran ser inconstitucionales, según ha indicado hoy la portavoz, Isabel Gil Rosiña.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz se ha referido así a la advertencia del Consejo de Estado sobre este decreto, actualmente en tramitación parlamentaria y que se hará finalmente como proyecto de ley, a petición de Podemos.
Para Isabel Gil Rosiña, si el que un gobierno autonómico intente regular que las familias no tengan pobreza energética plantea en España esta una cuestión de inconstitucionalidad, "habrá que revisar si están bien o mal planteados cuales son los preceptos constitucionales".
La portavoz ha indicado que el 80% de los españoles en pobreza energética carece de bono social "y esa es la realidad de este país", ante la cual los poderes públicos "no pueden cerrar los ojos".
Por ello, ha insistido en que la Junta tiene que intentar articular una política que permita que en el invierno próximo no haya familias que sufran la pobreza energética en la región.
Ha añadido que en el caso de que se produjese la cuestión de inconstitucionalidad, se pondrán en marcha los mecanismos establecidos, con la creación de una comisión bilateral y la apertura de un período de seis meses en los que la Junta de Extremadura tendrá que negociar esta cuestión.
No obstante, ha recordado que ya hay en este año una regulación de urgencia, que es el decreto aprobado para ser tramitado a través de los ayuntamientos.
