La Junta de Extremadura, con su presidente de la cabeza, Guillermo Fernández Vara, los sindicatos UGT y CCOO y el Ayuntamiento de Monesterio (Badajoz) harán un frente común para impedir el cierre de la mina de níquel de Aguablanca, tras el ERE extintivo presentado por la multinacional Río Narcea.

La empresa comunicó ayer a los trabajadores el cierre de esta planta, ubicada en el municipio pacense, limítrofe con Andalucía, lo que supondría la pérdida de unos 400 puestos de trabajo entre los empleados directos de la multinacional y los de las empresas subcontratadas.

Tras darse a conocer ayer la noticia, a través del comité de empresa, Guillermo Fernández Vara se ha reunido hoy en Mérida con sus integrantes, en un encuentro al que han asistido los secretarios generales de UGT y CCOO en Extremadura, Francisco Capilla y Julián Carretero, respectivamente, así como el alcalde de Monesterio, el socialista Antonio Garrote.

Fernández Vara ha anunciado que ha pedido una entrevista urgente con el ministro de Industria, José Manuel Soria, para tratar de parar el cierre de la mina, que Río Narcea justifica por el "desplome" de los precios del níquel y el cobre.

El presidente extremeño ha dicho que la prioridad ahora "es hacer todo lo posible" para que Aguablanca no se cierre, porque hay 400 familias extremeñas y andaluzas que dependen de ella y porque la liquidación del año 2014 se cerró con 6 o 7 millones de beneficios", con lo que "no hay ninguna razón".

Vara ha reconocido que es verdad que hay una caída en el precio del níquel, pero no exagerada, ya que este metal "está a como ha estado parte de los años" en los que la mina ha estado funcionando.

Ha recordado, además, que Río Narcea, por la planta de Aguablanca, ha recibido una subvención 7'6 millones de euros por parte de las administraciones públicas.

Fernández Vara ha indicado que se ha intercambiado información con la presidenta andaluza, Susana Díaz, y tienen pensado reunirse a principios de la semana que viene para abordar este asunto.

"Esto no ha hecho nada más que empezar -ha dicho el presidente extremeño- y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para salvaguardar los intereses de esos 400 trabajadores y también los intereses de la propia administración".

Por su parte, Francisco Capilla, de UGT, ha indicado que la empresa tiene "intereses ocultos", pues no puede ser que hace tres meses solicitase un nuevo informe de impacto ambiental para ampliar sus trabajos y ahora diga que la mina es inviable.

Capilla se ha mostrado convencido de que el cierre de la mina se puede parar por parte del Ministerio de Industria y ha apuntado que el objetivo de Río Narcea con su ERE extintivo en Aguablanca podría ser irse a extraer níquel a otros países con mano de obra más barata.

Julián Carretero ha acusado a la empresa de "traicionar" a Extremadura y Andalucía, porque "sin ningún tipo de justificación" pretende cerrar una mina y dejar en la calle a sus trabajadores, con un impacto en la comarca de 17 millones de euros en salarios.

Ha destacado que la planta de Aguablanca es en esa zona del sur de Badajoz como "la Volkswagen para Navarra", dado el impacto de empleo sobre la población, por lo que ha pedido a todas las administraciones del Estado que "se vuelquen" para salvar la mina de Monesterio, como hicieron con la planta de Pamplona.

"Si hay voluntad política, Aguablanca no se cierra, porque el Ministerio de Industria tiene absolutamente todos los resortes para parar el desmantelamiento" de la mina, "incluidos, si es necesario, la fuerza de la justicia", ha dicho el líder sindical, quien ha anunciado que movilizarán al conjunto de la población de la zona.

Carretero ha explicado que el Gobierno central es quien tiene la responsabilidad de la concesión minera y "tiene que ser escrupuloso para que se cumplan las condiciones" del permiso, que termina en 2018, además de "exigir que se agote todo el mineral" después del impacto ambiental que la mina ha provocado en la zona.

Finalmente, el alcalde de Monesterio ha mostrado su "indignación" por la forma de actuar de Río Narcea, a la que ha acusado de "oscurantismo" y "falta de conciencia social" con la comarca, y ha anunciado que esta tarde el ayuntamiento aprobará en pleno una declaración institucional contra el cierre de la mina.

Antonio Garrote ha recordado que la extracción del mineral es siempre más costosa bajo tierra que en superficie, por lo que ha instado a la empresa a que cumpla con su programa de explotación, que estaba previsto que se ampliase para los próximos años.