Las administraciones públicas no pueden acogerse a la figura del expediente de regulación de empleo (ERE). Ese fue el mensaje que trasladó la Junta de Extremadura, ayer y a través de un comunicado, a José Santiago Lavado, el alcalde del municipio pacense de Los Santos de Maimona. El edil ha propuesto a los sindicatos aplicar un ERE sobre el personal laboral fijo del ayuntamiento, unos 130 trabajadores. En concreto plantea dos opciones para reducir ese capítulo de gastos ante las dificultades para hacer frente a las nóminas de los próximos meses: o bien despide a nueve empleados durante 10 meses o aplica una reducción de jornada, de una hora diaria y con la consiguiente rebaja salarial, a 100 trabajadores durante ese mismo periodo de tiempo.
El regidor incluso ha trasladado su propuesta a la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura, que es la autoridad laboral competente. De momento, este departamento no ha emitido su resolución sobre el caso, aunque la Administración regional dejó ayer claro que el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se regulan los ERE, solamente contempla esta posibilidad en las relaciones de empresas y trabajadores, "no incluye a las administraciones públicas".
Este es el primer expediente de empleo que presenta un ayuntamiento extremeño. El motivo, según ha explicado el propio alcalde a la Agencia EFE, es que está en peligro el pago de la nómina del próximo mes de octubre. Los salarios suponen un desembolso mensual de entre 300.000 y 350.000 euros para las arcas municipales, que en los tres últimos años han visto muy mermados sus ingresos por la caída de la actividad económica --Lavado asegura que ingresan 1,2 millones de euros menos al año por este motivo--.
Pese a que el edil asegura que cuenta con el apoyo de los sindicatos, tanto desde CCOO como desde UGT se insistió ayer en su rechazo a la aplicación de un ERE. Ambas organizaciones, en la línea de lo indicado por la Junta, sostienen que esta fórmula de despido colectivo no puede ser utilizada por las administraciones públicas. "No lo respaldamos. Solo hemos pedido más documentación al alcalde porque queremos saber cómo pretende organizar los servicios básicos donde quiere realizar recortes", apunta el secretario de acción sindical de CCOO, Juan Luis Lancho, que además se pregunta: "si reduce una hora de trabajo diaria a los 70 trabajadores de la residencia de ancianos, que ya tienen horarios bastante ajustados, ¿cómo garantizará la atención a los usuarios del centro?". "Las prestaciones sociales se resentirían", corroboran desde UGT.
Los dos sindicatos apuntan que han planteado a Lavado alternativas para reducir el gasto municipal. Así, proponen eliminar los cerca de "70.000 euros en gratificaciones, horas extras y otros complementos" que gasta anualmente el ayuntamiento o acometer un proceso de funcionarización con el personal laboral --"de esta forma se ahorraría el 5,6% que se abona como seguro de desempleo, que no se paga en el caso de los empleados públicos"--.
Según los sindicatos, el ayuntamiento tiene 30 funcionarios, 130 empleados laborales y 150 trabajadores eventuales. El presupuesto del municipio, de 8.000 habitantes, ha superado en los últimos años los 10 millones de euros, la mitad destinado a gasto de personal.
