Junta y sindicatos pactan horarios flexibles a la espera de poder recuperar las 35 horas

El acuerdo entre el Ejecutivo y los representantes sindicales, que se rubricó el pasado martes, beneficiará a unos 14.000 funcionarios y laborales de la Administración General y se espera que entre en vigor de forma inminente. Sin embargo, los trabajadores del Servicio Extremeño de Salud (SES) y Educación tendrán que seguir esperando. Según la Junta, la aplicación de las medidas de flexibilización de jornada suponen «un proceso más laborioso» en estos ámbitos por los turnos y los horarios lectivos, de forma que los cambios aún están en estudio.

Como se recordará, la vuelta a la jornada laboral de 35 horas semanales para todos los empleados públicos es una de las promesas electorales de Guillermo Fernández Vara. Para ello, el Ejecutivo extremeño ha solicitado en varias ocasiones al Gobierno central (la última el pasado lunes en una reunión bilateral entre la consejera de Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado) la devolución de las competencias sobre la organización y permisos de los trabajadores públicos.

Sin recuperar estas competencias, la Junta no puede devolver la jornada de 35 horas a los funcionarios por decreto, pues tal y como ha ocurrido en Andalucía, la decisión sería recurrida en los tribunales por el Estado. El propio Fernández Vara reconoció en el último Debate sobre el Estado de la Región que la devolución de esas competencias a las regiones es «una decisión complicada en un contexto de cumplimiento de las exigencias del déficit público». Por ello finalmente se ha optado por otras vías que, si bien no suponen la vuelta efectiva a las 35 horas semanales, sí permiten a los trabajadores ‘compensar’ esas dos horas y media adicionales realizando cursos de formación ‘on-line’ desde casa (la Junta estrá trabajando ya en la creación de una plataforma específica) y con otras medidas de flexibilización horaria. Entre ellas, poder disponer de 15 minutos para realizar los controles de entrada y salida al puesto de trabajo.

LEGALIDAD/ Las líneas generales del acuerdo ya han sido expuestas en la Comisión de Administración Pública de la Asamblea, donde la directora general de Función Pública, María del Carmen Vicente, defendió ante las críticas del PP que la Junta o «no se salta las normas» porque todas estas medidas pactadas están «dentro de los ámbitos de la legalidad».

Además de la flexibilización horaria, el pacto cerrado con los sindicatos incluye una batería de medidas con las que se pretende fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral: el disfrute fraccionado en horas de los días de asuntos particulares, la disminución de la jornada laboral para el cuidado de menores y familiares enfermos, la disposición de una bolsa de horas por asuntos personales y flexibilidad de la jornada laboral en el inicio de las actividades lectivas de sus hijos o en caso de embarazo, entre otras.

El secretario de Acción Sindical de CSIF (agrupación mayoritaria en la Mesa de Función Pública), Miguel Díaz Prieto, valoró ayer este acuerdo de forma positiva porque ayudará a los empleados públicos a conciliar su vida laboral y familiar, pero lamentó que las negociaciones en Sanidad y Educación no estén tan avanzadas. De hecho, según dijo «ni siquiera han comenzado las reuniones». En cualquier caso, Díaz Prieto reconoció que la jornada de 35 horas no se puede implantar por decreto «porque se impugnaría», y por ello valoró que se hayan tomado medidas alternativas como la formación, que en última instancia también es una de las demandas del sindicato.