El jueves aseguró que estaban pendientes del dictamen del Consejo de Estado para tomar una decisión sobre los proyectos de universidades privadas on line que quieren instalarse en Extremadura pero solo un día después, ayer viernes, la Consejería de Educación y Empleo reculó y reconoció que ya tenía esos dictámenes que son «desfavorables». Lo hizo después de que este diario publicará el contenido de esos informes que fueron aprobados el pasado mes de mayo pero que hasta ahora no habían trascendido.

Una vez reconocido que la consulta que la Junta hizo en febrero del 2018 al Consejo de Estado tiene respuesta y que es desfavorable a la implantación de los dos proyectos privados presentados en la comunidad, la Consejería de Educación explicó que han pedido a las entidades promotoras de ambas iniciativas (la Universidad Internacional Augusta Emérita y la Universidad Abierta de Europa Extremadura) que subsanen los problemas detectados por el Consejo de Estado.

UN SEGUNDO INFORME / Cuando las promotoras resuelvan «todos los extremos que cuestiona» ese órgano consultivo estatal, la Junta solicitará un nuevo informe a la Conferencia de Política Universitaria del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Cabe recordar que este órgano ya emitió un primer informe a finales del 2017 en el que se mostró también «desfavorable» a los dos proyectos que están sobre la mesa, entre otras cuestiones por el «incumplimiento» del Real Decreto 420/2015 relativo a profesorado e investigación.

Así, subsanados los problemas detectados por el Consejo de Estado y oído de nuevo a la Conferencia de Política Universitaria será el momento en el que la Junta tomará una decisión definitiva sobre la tramitación de los expedientes: si finalmente los traslada a la Asamblea de Extremadura o no. Hace ya casi tres años que los proyectos se presentaron en la Junta, quien aseguró en febrero del 2018 que la decisión final se tomaría cuando se conocieran los dictámenes del Consejo de Estado. Pasar por este órgano es obligatorio cuando se trata de un proyecto de ley pero no es vinculante, es decir, que la decisión final no depende de lo que dictamine dicho órgano concultivo. De hecho, así se indica al final de esos dictámenes: «Vuestra excelencia, no obstante, resolverá lo que estime más acertado».

GARANTÍAS / «La Junta de Extremadura exige las máximas garantías de calidad a cualquier proyecto que se presente para implantarse en la región. Sea del tipo que sea. Como ya hemos reiterado públicamente, la Administración está obligada a tramitar cualquier iniciativa que cumpla con los máximos requisitos de calidad», señalaron ayer desde la consejería.

En este nuevo escenario, es decir, una vez que se conoce que la Junta ha pedido solventar las cuestiones planteadas por el Consejo de Estado en sus dictámenes desfavorables, adquieren más sentido las palabras de fuentes del proyecto de la Universidad Augusta Emérita que el pasado jueves señalaron a este diario que «en el momento actual no existe ni una sola pega real» contra su iniciativa y que «cualquier duda, sugerencia o propuesta ha sido debidamente recogida o subsanada en tiempo. Todas las explicaciones o ampliaciones que se nos han pedido han sido realizadas». Por todo ello, insistieron en que siguen «esperanzados y animados por el bien del proyecto y de Extremadura».