La consejera de Bienestar Social, Leonor Flores, anunció ayer el deseo de la Junta de Extremadura de adquirir las competencias en materia de inmigración para atender, dijo, de forma debida las necesidades de un núcleo poblacional cada vez más numeroso y que en Extremadura alcanza la cifra de 15.000 personas.
Flores, que inauguró ayer en Cáceres el III Congreso sobre el estado de los Derechos Humanos en Extremadura, insistió en que las competencias de las que actualmente dispone el gobierno autonómico no son suficientes para controlar los movimientos migratorios o regular la situación de las personas que llegan a nuestra comunidad autónoma.
En su intervención, la consejera defendió la inmigración "como futuro" y "fenómeno social" y abogó por realizar una política en la que se controlen los campamentos de inmigrantes que viven en condiciones infrahumanas, la mano de obra que utilizan los empresarios y agricultores o las personas que llegan hasta la región de manera irregular.
En este sentido, animó a los alcaldes y ganaderos a que informen de la situación que se vive en cada localidad. "Es una poca vergüenza que nos encontremos a personas debajo de puentes", dijo en relación a algunos temporeros. La consejera consideró absurda esta situación, cuando los empresarios cuentan con ayudas de la Junta para facilitar viviendas a los inmigrantes que contratan y en muchos casos ni siquiera las solicitan.
La responsable de Bienestar Social insistió en que el Estado tiene la máxima potestad para atajar muchas de estas situaciones, pero remarcó que hasta que la Junta no adquiera las competencias "será imposible actuar como es debido". Además, anunció la creación de albergues y un observatorio para controlar el número de inmigrantes.
LOS COOPERANTES Flores defendió la necesidad de que los cooperantes sean los inmigrantes, puesto que son quienes mejor conocen los problemas que afectan a este colectivo. Negó que en Extremadura se produjeran brotes de racismo, aunque sí defendió la puesta en marcha de una "política de prevención".
El congreso, organizado por la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura en colaboración con la facultad de Derecho, contó ayer con la presencia de Santos Jorna, presidente del Centro de Investigación en Derechos Humanos. Jorna se refirió a la encuesta del CES que asegura que el 70% de los extremeños creen que los inmigrantes provocan situaciones de conflicto o traen enfermedades.
