El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el borrador de la Ley de Renta Básica de Extremadura, que eleva a 692 euros la cuantía máxima a percibir y suaviza ligeramente los requisitos establecidos en un primer momento por el Ejecutivo autonómico para ser beneficiario. El texto iniciará en breve el trámite parlamentario para que los tres grupos políticos con representación en la Asamblea puedan hacer sus aportaciones, pero la idea del Gobierno extremeño es que se apruebe de forma urgente por el procedimiento de lectura única para que las primeras ayudas comiencen a pagarse ya en mayo. "Hoy es el día de la renta básica, el día en el que le vamos a decir a los extremeños que aquí nadie caminará solo", destacó el presidente de la Junta, José Antonio Monago, con el consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón.
Aunque el presupuesto se mantiene en los 13,2 millones de euros para unos 5.000 beneficiarios, Monago explicó que el texto aprobado ayer suaviza los criterios para acceder a la prestación al incluir propuestas de los colectivos y organizaciones a las que en los últimos meses se ha hecho entrega del primer borrador. Así, para ser beneficiario será necesario carecer de recursos económicos y patrimoniales o estar en situación de desempleo, pero ya solo será obligatorio haber vivido al menos durante un año en la región y acumular dos cotizados a la Seguridad Social (antes se pedían cuatro). La prestación se concibe para mayores de 25 años, pero cuando se trate de personas que viven solas o con cargas familiares, la edad puede rebajarse a 18. A las cuantías fijadas, que oscilan entre los 372 y 639 euros mensuales, se suma una bonificación del 10% si la familia tiene que hacer frente al pago de una hipoteca o alguno de sus miembros presenta discapacidad, de tal forma que la ayuda máxima a percibir se eleva hasta los 692 euros. La renta básica también servirá para complementar, hasta el mínimo legal establecido, los ingresos de quienes estén cobrando otro tipo de prestación como pensiones no contributivas o las ayudas del Plan Prepara.
Monago también explicó que los expedientes finalmente se tramitarán en tres meses y no en seis como estaba previsto, pero destacó que los primeros beneficiarios, que serán los preceptores de ayudas de emergencia social, podrían empezar a cobrar ya en mayo si el trámite parlamentario lo permite.
TRABAJOS SOCIALES Pese a las mejoras, el presidente reiteró que la renta básica "no es un cheque en blanco" y especificó que hay unas contraprestaciones que deberán asumir los beneficiarios. Estas pasan por la obligatoria escolarización de sus hijos, no practicar la mendicidad, no rechazar ofertas de empleo y formar parte de un proyecto de integración social individualizado o colaborar con el tercer sector en la realización de trabajos sociales. Monago reconoció que el presupuesto y el número de beneficiarios estimado no cumple con las exigencias de organizaciones como la Plataforma por la Renta Básica --que estima que son 60.000 las personas que están en situación de recibir la prestación en la región--, pero destacó "el esfuerzo" de su Gobierno en esta materia ya que los 13,2 millones disponibles "son infinitamente más" que la nada de años anteriores. Señaló además que gracias a un gobierno del PP, la regió dejará de ser la única comunidad del país sin ayudas ni derechos de estas características.
Pero el texto sigue sin gustar a la oposición. Mientras el PP destaca "el hito histórico" que supone la aprobación de la ley, IU y el PSOE piden más presupuesto. "Las cantidades son insuficientes y el alcance, ilimitado", destacó el portavoz de IU en la ASamblea, Pedro Escobar. Según recoge Efe, el líder de la coalición anunció además que presentará enmiendas parciales consensuadas con los colectivos sociales y destacó que mantendrá nuevas reuniones con organizaciones como Cruz Roja, la Red Europea Contra la Pobreza o Cermi. Pese a la "insuficiencia", sí valoró que se reconozca una prestación que hasta ahora no existía.
Por su parte, el secretario regional del PSOE, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que los 13 millones "son a todas luces insuficientes para resolver un problema que afecta a 70.000 ciudadanos".
