Los 47.000 empleados públicos de la administración regional verán incrementadas sus nóminas un 2,25% a partir del próximo año 2019. Este fue uno de los alcuerdos alcanzados ayer en la Mesa General de Función Pública, presidida por la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, quien destacó que se trata de un acuerdo fruto del consenso y la negociación y con el que se reconoce el papel que desempeñan los empleados públicos en Extremadura.
En concreto, esta subida salarial del 2,25%, que tendrá efectos a partir del próximo 1 de enero, supone el porcentaje máximo recogido en el acuerdo estatal entre el Gobierno central y las organizaciones sindicales y se llevará a cabo dependiendo de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado o, en su caso, de la norma estatal que lo habilite.
Además, más allá del incremento de las nóminas, el acuerdo cerrado ayer con los sindicatos extremeños contempla, entre otras cosas, la aprobación del decreto por el que se determina la aplicación de las mejoras voluntarias de la acción protectora de la seguridad social en las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia.
La vicepresidenta aseguró que estas medidas se pondrán en marcha «de la forma más ágil posible», incluso a través del formato de decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno, y que se contemplará la transitoriedad de las personas que han estado en situación de incapacidad desde el 20 de junio (cuando se alcanzó un primer acuerdo en la región) hasta la fecha de entrada en vigor de la nueva normativa.
CARRERA PROFESIONAL / Asimismo, la Mesa General también dio ayer el visto bueno al desbloqueo de la carrera profesional de todos los empleados públicos en febrero de 2019, una cuestión que se estudiará, a partir de ahora, en sus parámetros más técnicos en mesas sectoriales.
Con todas estas acciones, Pilar Blanco-Morales aseguró tras la reunión que no habrá funcionarios de primera y de segunda, motivo por el cual defendió que las administraciones públicas con competencias en su organización, no deben estar condicionadas por normas coyunturales como las de estabilidad, «porque queremos recuperar los derechos que nunca debieron ser cercenados», aseguró.
VALORACIONES / El secretario de CSIF Extremadura, Benito Román, calificó de «positiva, fructífera e histórica» la reunión celebrada ayer después de que los acuerdos firmados el pasado 20 de junio «no se cumplían» y «quedaban muchos flecos por cerrar». «Podemos decir que los 47.000 empleados públicos van a tener la eliminación del decreto de incapacidad temporal, es decir, no le van a quitar dinero por ponerse enfermo», destacó Román, quien resaltó también el acuerdo para una subida salarial que supondrá unos 35 euros brutos al mes de media y 420 euros brutos anuales. Sobre el desbloqueo de la carrera profesional, el secretario de CSIF agradeció la paciencia que han tenido los empleados públicos que «nada tuvieron que ver con la crisis y que hoy ven reflejado en esa Mesa General de Negociación la devolución de esos derechos», recoge Europa Press.
Desde UGT, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Empleados y Servicios Públicos, José Ignacio Luis Cansado, apuntó que ese desbloqueo de la carrera profesional se producirá «en distintos ámbitos y distintas velocidades», de tal forma que, según recordó, en materia docente «se iniciará» y en otras como el SES y la Administración General ya «tienen distintos grados de desarrollo». Asimismo, Cansado aplaudió tanto el incremento salarial como la próxima elminación legal de la penalización «a todos los empleados públicos como absentistas profesionales» por encontrarse enfermo.
Por su parte, el portavoz del Área Pública de CCOO en Extremadura, Francisco Jiménez, aseguró que ahora «hay que esperar y confiar en que la tramitación presupuestaria en el Estado con la aritmética que hay, a ver cómo se da» para el incremento salarial. En todo caso, recalcó que existe el «compromiso» del Gobierno central «de que si no hay una correspondencia con los presupuestos habrá un decreto que dé salida y dé vía libre al acuerdo de subida salarial».
Sobre este mismo aspecto, subrayó que «no se puede consentir que haya funcionarios y funcionarias de segunda categoría en algunas comunidades autónomas respecto a otras», tras lo cual incidió en que CCOO hará «todos los esfuerzos para que se reconozca la igualdad de los complementos adicionales en todas las comunidades y que no se condicione a los cumplimientos de déficit».
Finalmente, Jiménez mostró su «satisfacción general» por los acuerdos cerrados ayer: «las perspectivas parecen que son buenas y falta concretar las cuestiones técnicas y que la subida salarial sea desde el próximo 1 de enero», aseguró.
