La Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura estudia la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos para este año, tras la negociación con los sindicatos, y pondrá en marcha "un nuevo plan de conciliación familiar" de flexibilización de horarios.
Esta consejería dispone de 68,1 millones de euros para el ejercicio económico de 2016, un 42,4 por ciento menos que lo presupuestado en 2015, una reducción de 50,2 millones de euros, debido a la transferencia de crédito a favor de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio por el traspaso de las competencias sobre Administración Local e Interior.
De esta forma lo ha trasladado la secretaria general de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Ascensión Murillo, antes de comparecer este martes, día 1, en la reunión conjunta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos y de la Comisión de Economía, Infraestructuras, Turismo, Industria y Energía.
Las cuentas de la consejería están "muy ajustadas", con una "minoración de medio punto, unos 400.000 euros", para el cumplimiento de los objetivos planteados para una administración "eficiente y que cumpla rigurosamente las competencias".
Así, las políticas más destacables en los presupuestos de la consejería pasan por la "recuperación de los derechos" de los empleados públicos y la puesta en marcha para "garantizar" una administración "abierta y eficaz".
Ascensión Murillo ha señalado que la consejería devolverá "los derechos suprimidos" sobre de permisos, licencias y vacaciones de los empleados públicos.
La secretaria general ha señalado que Extremadura ha sido la primera comunidad autónoma en devolver la paga extra pendiente de 2012; y que además, se incrementará el salario de los empleados públicos un 1 por ciento cuando se aprueben los presupuestos.
Hacienda y Administración Pública también ha destinado una "cantidad importante" cercana al millón de euros para la formación de los empleados públicos, ha explicado Murillo.
En cuanto a la Administración Electrónica, la Consejería ha destinado 12,4 millones de euros para que sea "más moderna y más abierta" para los ciudadanos y las empresas y con la colaboración de la administración local.
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
Además, la Consejería también defiende los "principios de transparencia y participación ciudadana" y establece un código ético de cargos públicos, dentro de las medidas del "buen gobierno y una administración abierta".
La secretaria general ha señalado que la Consejería ha puesto en marcha cláusulas sociales y medioambientales, y de apoyo a las pymes extremeñas, para la contratación pública en la región.
Este plan de conciliación es, por ejemplo, para trabajadores con niños menores de 12 años que estén enfermos y no puedan ir al colegio, para que puedan "flexibilizar el horario"; o para que los funcionarios puedan "cogerse de manera fraccionada" las licencias para realizar gestiones.
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO
En cuanto a la transferencia de crédito a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Ascensión Murillo ha destacado la de 500.000 euros para firmar un convenio con el Ministerio del Interior para el adecentamiento de las Casas Cuartel de la Guardia Civil en Extremadura.
Además, Murillo también ha destacado la transferencia de 2 millones de euros para financiar la ley que regula el Estatuto de Capitalidad de Mérida.
Asimismo, la Consejería de Hacienda y Administración Pública ha destinado un millón de euros a la modernización y adecuación de los centros TDT y la reordenación del espacio radioeléctrico para llevar la señal de televisión a las "zonas más remotas y despobladas".
NO HAY UNA GRAN BAJADA
A preguntas de los periodistas sobre la valoración final del reparto económico, Ascensión Murillo ha señalado que como es por un reparto de competencias, "no hay realmente una gran bajada", por lo que se han ajustado los "gastos de administración general" para destinar "cuantos mayores fondos posibles" a políticas sociales.
Sobre el plan de apoyo a la contratación a las pymes extremeñas, la secretaria general ha señalado que esta medida era un "objetivo largamente demandado por el sector" porque los "grandes contratos" de la administración se los llevaban las "grandes empresas" y las pymes eran subcontratadas con "una gran precariedad".
Así, esta instrucción obliga a las "grandes empresas a pagar a las subcontratas", y además se dividirán por lotes los contratos públicos para que las pymes "puedan acceder a la contratación".
Ascensión Murillo ha señalado que las empresas extremeñas "quieren que haya este tipo de cláusulas en la contratación pública", y también ha sido aprobado por "todos los órganos gestores" de la Junta de Extremadura.
