La consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Blanco Morales, ha asegurado esta mañana que finalmente los edificios sanitarios públicos de Extremadura seguirán pagando el IBI. La decisión se ha tomado, ha afirmado, “por atender las consideraciones de las entidades locales” y “en busca de un mayor consenso entre todas las administraciones públicas implicadas”.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Patrimoniales, Financieras y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que será remitido a la Asamblea de Extremadura para su correspondiente tramitación.
En el mismo también se recoge que el tipo de gravamen general de los actos jurídicos documentados se eleva al 1,5%; así mismo, sube al 3% el que recae sobre las escrituras públicas en la que se renuncia a la exención del IVA. Con esta medida se pretenden recaudar unos seis millones de euros.
En general, Pilar Blanco-Morales ha indicado que la reforma fiscal no tiene carácter general y se limita a la supresión de determinados beneficios tributarios así como a la revisión de los tipos de gravamen, con el "objetivo fundamental de servir de apoyo al sostenimiento de los servicios públicos esenciales de la comunidad autónoma, con el compromiso de no incrementar la presión fiscal".
Además, ha insistido en que, junto a estas medidas, la Junta insistirá en su lucha contra el fraude fiscal y en la mejora de la eficacia a la hora de recaudar.
Entre otras medidas tributarias, en el llamado canon de saneamiento, además de las necesidades básicas, que ya estaban contemplados, se amplía el mínimo exento en dos metros cúbicos por vivienda, lo que supone un ahorro para las familias de 1,5 millones de euros.
A preguntas de los periodistas, la consejera ha precisado que no renuncian a la supresión total de este impuesto, como se había comprometido Fernández Vara, algo que ha vinculado a la evolución económica y financiera de la comunidad autónoma.
En el IRPF, se mantienen todas las deducciones en la cuota íntegra autonómica, salvo la referida a la adquisición de segunda vivienda en el medio rural; mientras que en el Impuesto de Patrimonio, se modifica el mínimo exento, que pasaría de los 700.000 euros actuales a 500.000.
Con respecto al Impuesto de Sucesiones, se mantienen todos los beneficios; en el de Donaciones, se suprimen las bonificaciones del 99%, 95% y 90%; y en el de Actos Jurídicos Documentados, se eleva al 1,5% el tipo de gravamen general y se eleva al 3% el que recae sobre las escrituras públicas en la que se renuncia a la exención del IVA, una medida, ésta última, por la que la Junta espera recaudar 6 millones de euros.
En el tributo sobre el juego, se establece una cuota fija reducida para máquinas tipo B1 con apuestas limitada a 10 céntimos y la tasa fiscal se fija en 375 euros trimestrales, frente a los 850 euros de las B1 tradicionales.
Se incrementan también los tipos de gravamen en el Impuesto sobre Instalaciones que incidan en el Medio Ambiente y, de igual forma, se incrementan en un 20 por ciento los tipos de gravamen en el Impuesto sobre eliminación de residuos en los vertederos.
Asimismo, aumentan las tarifas por actividades administrativas en TV y radiodifusión y se crean tasas por actividades administrativas en Comunicación Audiovisual, por uso compartido de canalizaciones en telecomunicaciones y por instalación de equipos radioeléctricos en edificios públicos.
