Tras trece años de pleitos, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura decidió el pasado verano que el complejo Marina Isla de Valdecañas seguiría en pie, pero ordenó un derribo parcial de las infraestructuras que se quedaron a medias y de las que no están en uso en la actualidad. También mejorar medioambientalmente todo el complejo, levantado en una zona de especial protección de aves (Zepa), incluida en la Red Natura 2000.
En esa misma resolución del pasado 30 de junio requirió a la Junta de Extremadura elaborar un plan para llevar a cabo las actuaciones de demolición y la revegetación de la isla. Apenas 20 días después, la administración extremeña creó una comisión y comenzó a elaborar dicho plan, que culminó a mediados de diciembre. Lo entregó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx, que seguidamente pidió a todas las partes (promotora, ayuntamientos, propietarios y organizaciones ecologistas) que se pronunciaran al respecto. También que valoraran si era posible poner en marcha ese plan de la Junta a pesar de que aún no se haya resuelto el recurso que Ecologistas en Acción presentó ante el Supremo en contra de la demolición solo parcial que ordenó el TJSEx.
Y la respuesta a todo ello se conoció ayer: la Junta tiene vía libre para iniciar su plan de trabajo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que «no existe obstáculo para la ejecución de las tareas comunicadas por la Junta». Es más, el auto indica que lo que ahora sea demolido «sería una primera fase de la demolición total» en el caso de que así fuera acordado por el Tribunal Supremo. «No existe impedimento para adelantar o iniciar la ejecución en todos los pronunciamientos que en todo caso tienen que llevarse a cabo». Destaca, además, que con las actuaciones planteadas por la administración regional (51 que se desarrollarían en 35 meses) «no se causan perjuicios, no se crean situaciones irreversibles y en nada se obstaculiza lo que el Supremo pudiera acordar».
EL CAMPO DE GOLF DEBE ESPERAR / Pese a esto y aunque no lo especifica en la disposición final, el auto sí concreta que hay trabajos que es mejor no llevar a cabo todavía. Se refiere a las actuaciones de mejora del campo del golf, a medidas para evitar la contaminación lumínica y los ruidos, la puesta en marcha de una sistema de recogida de basuras y a la navegación en el embalse, ya que no se mantendrían en el caso de que el Supremo fallara lo contrario y ordenara un derribo total.
Por el contrario, no ve ninguna objeción al inicio de la demolición de todo lo que se encuentra en fase de estructura o no está terminado y en funcionamiento (el segundo hotel proyectado, casi medio centenar de villas, la oficina de la promotora y el piso piloto). Y también pueden iniciarse las labores de revegetación de las plataformas que no han sido urbanizadas, «eliminando las plataformas y los residuos que aparecen en ellas». Tampoco pone obstáculos para otras medidas: vigilancia ambiental, señalización e información sobre la ZEPA, la presencia de dos agentes o guardas permanentes en la zona, la realización de un mirador y de un centro de interpretación, la puesta en marcha de las estaciones depuradoras de la urbanización y de las de El Gordo y Berrocalejo «que deberían estar en pleno funcionamiento».
Los magistrados, por último, señalan que según el plan las actuaciones no se van a realizar de forma inmediata, ya que todas requieren de una serie de trámites administrativos previos (redacción de proyectos, adjudicación de contratos...).
Tras este auto, desde la Junta no concretan cuándo tienen previsto iniciar los procedimientos. Por parte de las organizaciones demandantes, tanto Ecologistas en Acción como Adenex están valorando si presentar un recurso (hay un plazo de cinco días) o solicitar aclaraciones al respecto. «Estamos un poco perplejos porque el auto tiene muchas contradicciones», destaca la abogada de Adenex, Mª Ángeles López.
Un año de trámites antes de la piqueta
Aunque la administración ya cuenta con el visto bueno del TJSEx para empezar a derribar los edificios que están a medio construir en el complejo, la piqueta no entrará en Isla de Valdecañas hasta dentro de un año como mínimo. El plan de trabajo de la Junta especifica que se requieren doce meses de trámites administrativos previos a la demolición. De hecho, la primera de las 51 actuaciones es encargar a Tragsatec la redacción del proyecto de derribo. Luego se necesitarán estudios de impacto ambiental y de seguridad, así como un proceso de licitación y contratación de la obra, que aunque se prevé por el procedimiento de urgencia, supondrá que las máquinas no entrarán en el complejo hasta pasado un año. La demolición se prevé que durará seis meses, según el plan.
