La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, ha destacado hoy que las ayudas autonómicas al transporte regular de viajeros por carretera "de ninguna manera tienen como finalidad asegurar la capacidad y la solvencia de las empresas concesionarias".
En el Pleno de la Asamblea de Extremadura, García Bernal ha respondido a dos preguntas, formuladas por Ciudadanos y Podemos, sobre las medidas de la Junta ante la situación del transporte de viajeros por carretera.
Tanto la diputada de Cs, Victoria Domínguez, como la de Podemos Jara Romero se han referido a la situación que viven un centenar de trabajadores Unionbus -alguno de los cuales han asistido al debate desde la tribuna de invitados del hemiciclo- a los que su empresa les adeuda varias nóminas.
La consejera ha reiterado que la Junta de Extremadura "no debe nada a las empresas" por la obligación de los servicios públicos que prestan, pero ha insistido en que éstas tienen que justificar el dinero que les adelantó la Administración regional por esta figura legal, ya que de lo contrario se incurriría en prevaricación.
Ha recalcado que la Junta trabaja ahora en un nuevo mapa concesional de las líneas, sobre la base del "equilibrio económico de los contratos" y para garantizar el transporte público en el medio rural, para lo que se establecerán una ayudas de mínimis acordes con el derecho comunitario.
Mina de Aguablanca
El consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, se ha referido por su parte, en respuesta a una pregunta del PP, a las actuaciones que realiza el Gobierno extremeño en pos de la reactivación del empleo en la mina de Aguablanca desde la declaración, hace ya un año, de la Declaración de Impacto Ambiental positiva.
Según Navarro, aunque esta DIA "aparenta ser positiva, tiene un condicionado tan difícil de cumplir, que se tardará varios años en resolver" tan solo por ejemplo en lo relativo a la concesión de agua.
Además, ha precisado que para que la mina pueda reabrirse aún está pendiente que el Ministerio de Energía conceda la autorización de explotación y apruebe el plan de restauración.
Mientras tanto, según ha dicho, se sigue desplegando en la zona el plan de regeneración económica aprobado conjuntamente con la Diputación de Badajoz y los tres ayuntamientos afectados y que contempla 26 medidas.
El consejero ha explicado que, en virtud de ese plan, ya se han recibido cinco solicitudes para proyectos que desean acogerse al nuevo decreto de incentivos regionales, que prima la zona de Aguablanca, y ha recordado que desde el 26 de abril existe un punto de acompañamiento empresarial.
Además de otras actividades formativas y del plan de dinamización turística de la comarca, Navarro ha indicado que el decreto para contratar a 30 desempleados durante un año está ya elaborado y se espera su puesta en marcha en las próximas semanas.
En respuesta a otra pregunta sobre las clases de religión, formulada también por el PP, que acusa a la Junta de mantener una actitud sectaria, la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha recordado que esta materia es la única en Extremadura que se puede cursar en todos los cursos hasta Bachillerato, por lo que "no existe persecución".
Gutiérrez ha destacado que ha sido el propio Tribunal Supremo el que ha señalado que la asignatura de religión no sufre ningún tipo de discriminación en la región y ha adelantado que esta se impartirá con un equilibrio "suficiente y razonable" dentro de un currículum que ha consensuado la comunidad educativa extremeña.
