La Dirección General de Administración Electrónica y Tecnologías de la Información trabaja para en la "regularización" de las radios y televisiones municipales y comerciales con el fin de "poner orden en un sector que, dentro de región, se encontraba sumido en el caos y donde la mayoría emitían de manera ilegal o irregular".
El Gobierno extremeño señala que desde el inicio de la legislatura trabaja en una regulación del sector en las comunidades autónomas de acuerdo con la ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, aprobado por el Gobierno Zapatero y, posteriormente, por el decreto 134/2013 de 30 de julio de Comunicación Audiovisual aprobado por el Ejecutivo.
Los plazos concedidos y las sanciones anunciadas para el caso de incumplimiento son las reguladas en ambas normativas.
Antes de aprobar el decreto autonómico, la Dirección General trabajó para regularizar las emisoras y televisiones comerciales en situación ilegal o irregular, solicitando el cese de emisiones y la regularización.
Posteriormente, la labor se ha centrado en las radios y televisiones municipales, actuando en todos los municipios que estén incumpliendo la normativa, independientemente del signo del gobierno local.
Por esto, se han llevado a cabo actuaciones en poblaciones como Cabeza del Buey, Olivenza, Zalamea de la Serena, Quintana de la Serena, Cáceres, Badajoz, Trujillo, Ribera del Fresno, Alange y Villafranca de los Barros.
En el caso concreto de Jerez de los Caballeros, se agrega, se ha cumplido escrupulosamente con la normativa.
Respecto de la radio, ya el 13 de enero de 2004 se advirtió a sus responsables de "la caducidad" y se les hizo un requerimiento para que solicitaran el reconocimiento técnico de las instalaciones.
Sin embargo, durante casi diez años han estado emitiendo sin la correspondiente concesión administrativa -actualmente ya licencia- y no han dado contestación alguna a los requerimientos enviados por la Junta de Extremadura, agrega el Gobierno regional.
Por esto, con fecha 15 de noviembre de 2013 la Directora General de Administración Electrónica y TI, Pilar Gómez de Tejada, ha firmado una propuesta para elevar al Consejo de Gobierno la declaración de caducidad y archivo de las actuaciones del expediente.
Además, mediante un escrito de la misma fecha se requiere al Ayuntamiento el cese inmediato de las emisiones, dándoles un plazo de cinco días para comunicar dicho cese.
Con respecto a la televisión local, esta carece de licencia para poder emitir.
En este sentido, destaca que a todas las localidades se les están dando los mismos plazos.
A pesar de ello, ante idéntica situación, algunas localidades han optado por regularizar la situación obteniendo, por tanto, la licencia; otras están en vías de resolverlo; y otras están optando por armar ruido y con el fin de convertir una actuación amparada en la legalidad en un asunto político en el que prima la demagogia y la utilización de las personas.
