La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, justificó ayer, ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura, una transferencia de crédito de más de 38 millones de euros que su departamento ejecutó a finales de 2019 para hacer frente sobre todo al pago de nóminas y de la seguridad social del personal docente. Gutiérrez compareció ante el hemiciclo, a petición de Ciudadanos y de Unidas por Extremadura, para explicar esta modificación de crédito, cuyo expediente entró el Parlamento regional el pasado 16 de enero.

Según el diputado de Cs José María Casares, esta modificación ha conllevado dar de baja en programas del Servicio Público de Empleo (Sexpe) más de 18 millones de euros para «tapar agujeros en educación», lo que consideró «gravísimo» en una comunidad como con una elevada tasa de paro. Asimismo, el diputado de UP Joaquín Macías denunció la falta de planificación de la consejería que ha llevado a estas modificaciones presupuestarias, algo en lo que coincidió con Casares, que justificó esta operación para «salvar la cara en educación» a costa de «olvidarse del empleo».

La consejera explicó que las transferencias de crédito son herramientas perfectamente legales y transparentes que prevé la Ley General de Hacienda para los ajustes presupuestarios que se requieran. Esther Gutiérrez indicó que los presupuestos no son nunca una foto fija y requieren ajustes, sobre todo en educación donde un solo curso se rige por dos ejercicios presupuestarios. Además, explicó que el dinero detraído de programas de empleo correspondía a determinadas actuaciones en colaboración con el Gobierno central o los ayuntamientos que ya no se podían poner en marcha en 2019 por los retrasos que han ocasionado los cuatro procesos electorales que vivió España el año pasado.

Pilar Pérez, por parte del Grupo Popular, indicó que el PSOE vende cada año que «los presupuestos en educación son históricos cuando lo que son es un fraude» y lamentó que la consejería «tuvo que ser intervenida en septiembre» por «una nefasta gestión» que ha llegado a «poner en peligro las nóminas de los docentes».