El Consejo de Gobierno ha manifestado hoy su no conformidad a la tramitación de la propuesta de ley del grupo parlamentario de Podemos contra la pobreza energética, y ha aprobado el reglamento de funcionamiento y organización de los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura para dar cabida a la Comisión Jurídica que ha sustituido al extinto Consejo Consultivo.
El Ejecutivo toma esta decisión "haciendo uso de la competencia que tiene de vetar aquellas iniciativas parlamentarias que trastocan el presupuesto", según ha explicado hoy su portavoz, Isabel Gil Rosiña, al término de la reunión.
Su entrada en vigor en 2016, según el Ejecutivo, supondría un gasto sin consignación presupuestaria.
Junto a ello, Rosiña ha argumento que se toma esta determinación también porque ya existe un "instrumento" por parte de la Junta de Extremadura para dar respuesta a las demandas de las familias "más débiles" y en cumplimiento de su compromiso de que "en el próximo invierno nadie volvería a pasar frío en Extremadura".
De este modo se refería al decreto que regula la concesión de subvenciones a los ayuntamientos para la financiación de las ayudas para garantizar a los ciudadanos el derecho al acceso a los servicios de suministros mínimos vitales y que fue publicada en el DOE el pasado 6 de noviembre.
Según ha explicado, este medida se adoptó en tanto se elabora el decreto ley que regulará las ayudas para mínimos vitales y que está "en proceso de finalización".
LA COMISIÓN JURÍDICA
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado una modificación del reglamento de funcionamiento y organización de los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura para dar cabida a la Comisión Jurídica que ha sustituido al extinto Consejo Consultivo.
En concreto, se modifica el Decreto 99/2009, de 8 de mayo, para añadir un título IV al Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma bajo la denominación "De la Comisión Jurídica de Extremadura".
En él se especifica que tiene su sede en la ciudad de Badajoz y que es el órgano consultivo de la comunidad, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Estado, según ha informado el Ejecutivo.
La C+comisión ejercerá sus funciones consultivas, con autonomía orgánica y funcional, respecto de la actividad de la Administración regional y todos sus organismos autónomos y dependientes, las entidades locales y las universidades públicas de la región y estará adscrita a la Abogacía General de la Junta de Extremadura.
Actuará en pleno y estará compuesto por cinco vocales, uno de ellos actuará como presidente y otro como secretario.
En paralelo a esta medida, el Consejo de Gobierno ha aprobado también hoy una modificación del Decreto 261/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Por otra parte, ha dado su visto bueno al decreto que regula la composición, organización y funcionamiento del Observatorio para la Simplificación Administrativa, que nace con el propósito de simplificar los procedimientos administrativos y reducir el "laberinto de trámites" al que hay que enfrentarse cuando se inicia una actividad empresarial, según ha indicado la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña.
Ha señalado que su creación es fruto de lo establecido en la ley regional de impulso al nacimiento y consolidación de empresas de 2010.
Las funciones de este órgano serán el estudio y análisis permanente de los procedimientos y trámites aplicables a la creación y consolidación de empresas, así como la elaboración de propuestas para la simplificación administrativa y la eliminación de trabas burocráticas.
Según explica el Ejecutivo, la creación de empresas supone un valor a defender por las administraciones públicas, por su gran labor de dinamización laboral, comercial y de crecimiento de la economía, ya que alrededor del 70 por ciento del empleo se concentra en las pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, advierte, "los trámites burocráticos que deben realizarse en la creación y consolidación de empresas pueden generar un efecto disuasorio, bien por el desconocimiento de los mismos, por el tiempo que debe emplearse en ellos, o bien por el coste que generan".
Recuerda además que la simplificación de los procedimientos administrativos para el inicio de la actividad empresarial se incluye entre las 60 medidas recogidas en la Agenda del Cambio.
