La Junta de Extremadura cuenta en estos momentos con 93 viviendas de su parque público en plenas condiciones para ser adjudicadas de inmediato a personas desahuciadas de su inmueble por el impago de la hipotecas, ya que en la actualidad no se encuentran con ningún procedimiento abierto. El consejero de Vivienda, Víctor del Moral, explicó ayer que se han puesto a disposición para este fin las 15.000 viviendas de su parque público, aunque de ellas solo 233 están vacías y de estas son 93 las que podrán ser adjudicadas actualmente.

Esta medida forma parte de la batería que el Ejecutivo está llevando a cabo ya para resolver la situación de las personas afectadas por estos desahucios, según afirmó el consejero, que criticó otras propuestas "demagógicas" y "que buscan titulares" que se hacen en otras comunidades como Andalucía. En este sentido, recordó que el pasado marzo el Ejecutivo modificó los requisitos para adjudicar de manera directa viviendas sociales a afectados por desahucio y se dio "un paso más" permitiendo que los adjudicatarios de estas viviendas pudiesen pedir la minoración "de hasta el 100%" de la renta de alquiler.

15 SOLICITUDES Desde que se modificó este decreto, los servicios sociales del Gobierno extremeño han atendido 71 solicitudes de minoración de la renta de alquiler y 15 de adjudicación de vivienda social por este motivo, que serán estudiadas la próxima semana por la Comisión Técnica de Intervención Social de la Vivienda. En esta línea, ha anunciado la aprobación "urgente" de un decreto que modificará el existente sobre adjudicación directa de viviendas sociales para flexibilizar aspectos como el límite de ingresos y al periodo de residencia en el municipio y que tendrá carácter retroactivo al 1 de enero de 2011.

En concreto, Del Moral detalló que una familia desahuciada de su vivienda por impago de hipoteca y formada por cuatro miembros y un solo perceptor de ingresos, el límite se ha fijado en 29.235 euros, que serán 25.059 euros en el caso de tres miembros. Tampoco se aplicará el requisito de tres años de residencia en un municipio para poder acceder a estas viviendas sociales, ya que la Administración no siempre podrá poner a disposición de estas personas una vivienda social en el mismo municipio en el que residen.

El consejero también anunció que la administración pondrá en marcha un plan de revisión de su patrimonio inmobiliario con el objetivo de detectar "el uso o abuso" que algunas beneficiarios hacen de estas viviendas, que en ocasiones son realquiladas por un precio superior al fijado.

El Consejo de Gobierno Extraordinario aprobó además una serie de acciones para favorecer el acceso a la vivienda para menores de 25 años, dotado con 57,4 millones de euros, bien a través de la autopromoción, con la concesión de ayudas de hasta 10.000 euros, o al alquiler, con hasta 200 euros mensuales durante un año.

Del Moral también se refirió a que Extremadura sea una de las comunidades con más número de viviendas vacías y ha señalado que por este motivo el Ejecutivo regional no apoya la construcción de nuevas promociones de vivienda nueva y apuesta por la promoción del alquiler.