Calles, plazas, cruces, escudos o placas conmemorativas. El Ministerio de Justicia ha solicitado a 656 ayuntamientos, 53 de ellos extremeños, la «retirada inmediata» de los vestigios franquistas que todavía permanezcan en sus espacios públicos. La petición la cursa la Dirección General para la Memoria Histórica, que también se ha dirigido a los gobiernos autonómicos para que verifiquen la eliminación de los elementos de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura en sus respectivos territorios.

La medida, explica Justicia, se ampara en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica aprobada en el año 2007 (en concreto su artículo 15) y del trabajo del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha detectado que destacadas figuras del franquismo dan nombre a 1.171 plazas y calles españolas repartidas en casi 700 municipios. Todos han recibido una carta del director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez López, que solicita certificación sobre «la no existencia de simbología de exaltación en su municipio» y, en caso de que la hubiera, proceder a su eliminación. En concreto, el ministerio insta a aleborar un catálogo de vestigios franquistas y a la «retirada inmediata» de los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la sublevación militar y la represión de la dictadura.

En el caso de la región, hay afectadas 15 localidades de Badajoz y 38 de Cáceres, incluidas las dos capitales. Así, en la provincia pacense, los municipios que aún conservan vestigios franquistas son, además de la propia Badajoz, Guadiana del Caudillo, Villafranco del Guadiana, Villanueva de la Serena, Fuentes de León, Torrehermosa, Rena, Peñalsordo, Zarza-Capilla, Montijo, Puebla de Alcocer, Acedera, Helechosa de los Montes, Montemolín y Cristina.

En la provincia cacereña son Cáceres, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Aceituna, Conquista de la Sierra, Moraleja, La Aldea del Obispo, Carrascalejo, Casares de las Hurdes, Casas de Don Gómez, Casas de Miravete, Fresnedoso de Ibor, Garvín de la Jara, Guijo de Coria, Hinojal, Mohedas de Granadilla y Oliva de Plasencia. A ellas se suman Peraleda de San Román, Ruanes, Santa Cruz de la Sierra, Torrequemeda, Santibáñez El Alto, Villamiel, Viandar de la Vera, Villar de Pedroso, Belvís de Monroy, Galisteo, Navalvillar de Ibor, Casas de San Antonio, Villanueva de la Sierra, Casas de San Millán, El Gordo, Ladrillar, Salvatierra de Santiago, Saucedilla, Collado de la Vera, Villa del Campo y Hervás.

Cabe recordar que una sentencia dictada en junio de 2013 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estableció que el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica impone a todas las Administraciones Públicas adoptar las medidas oportunas para que se proceda a la retirada de aquellos monumentos conmemorativos que supongan una exaltación de la Guerra Civil. El objetivo es dar cumplimiento al espíritu de reconciliación y concordia que permitió la Constitución y no hacerlo puede acarrear la retirada de subvenciones o ayudas públicas, algo que ya planteó la Diputación de Badajoz.