La justicia clama contra la reforma del ministro Alberto Ruiz-Gallardón. El 90% de los jueces extremeños, según los decanos de Cáceres y Badajoz, y el 70% de los fiscales secundaron ayer la jornada de huelga convocada en todo el país. La respuesta de Extremadura fue una de las más amplias --el seguimiento en el país fue del 42%, según el Poder Judicial-- aunque el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura rebajó los datos hasta el 62,5% de seguimiento en la región.
La huelga provocó un paro mayoritario de la justicia y obligó a suspender entorno a 300 juicios y declaraciones previstas para ayer en la región. Solo se celebraron las diligencias de carácter urgente y los procesos de causa con presos. Durante la jornada reivindicativa se convocaron además sendas concentraciones en Cáceres y Badajoz para hacer visible el malestar en el sector judicial. Un malestar provocado por la reforma del Consejo General del Poder Judicial, la Ley 10/2012 que impone la subida de las tasas judiciales y por la falta de medios técnicos y humanos, entre otros. Así lo explicó el juez decano de Cáceres, Joaquín González Casso, asegurando que los cambios previstos buscan que el sistema judicial se convierta en un "apéndice del Ministerio de Justicia" y crea un espacio de impunidad frente a la corrupción", que es lo que están buscando los dos partidos mayoritarios al ponerse de acuerdo en este apartado, según González Casso.
"La reforma del Ministerio de Justicia pretende un juez servil, borrego y manso, porque teniendo un juez manso no habría caso Bárcenas, con un juez borrego no habría caso Urdangarín y teniendo un juez manso, borrego y servil no habría caso Ana Mato, porque lo que quieren cargarse es la independencia del poder judicial", apuntó el juez decano de Badajoz, Emilio García Cancho. Ambos decanos critican la escasez de medios para hacer frente a los casos de corrupción, que son complejos y que en Extremadura hay varios abiertos.
Otro de los motivos de la huelga es el aumento de la tasas, que según González Casso, ha supuesto que en la jurisdicción de lo contencioso, lo social y civil de los juzgados de Cáceres hayan entrado en enero de 2013 un 50% menos de demandas que las registradas meses atrás. Es este el principal argumento de los abogados para sumarse a esta protesta, según precisó ayer el decano de los letrados en Cáceres, Carmelo Cascón, presente en la concentración que también sumó funcionarios. En Badajoz la protesta reunió además del juez decano, el fiscal jefe, Antonio Mateos y la decana de los abogados, Filo Peláez, con el apoyo de la plataforma sindical (Staj, CSI-F, UGT y CCOO) que criticaron especialmente la subida de tasas, la privatización del registro civil, la pérdida de derechos laborales que supone la reforma para los trabajadores de la justicia. "El señor Gallardón --recalcó-- ha entrado en el ministerio como un elefante en una cacharrería como se puede ver en que estamos todos unidos", precisó Cristina Blázquez, de CSI-F.
