La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha emitido una sentencia que obliga a paralizar la actividad de la mina de níquel --conocida como Aguablanca-- que la empresa Río Narcea ha construido en la localidad de Monesterio. La causa, según explica el documento judicial, es que la multinacional no cuenta con la licencia de obra necesaria. Pese a todo, la empresa confía en alcanzar un acuerdo amistoso con el Ayuntamiento de Monesterio e insiste en que la planta minera tiene "todas las licencias en regla".

Este proceso judicial arrancó cuando el consistorio dictó una resolución paralizando las obras al entender que no contaban con los permisos necesarios. Río Narcea recurrió a los tribunales alegando, por su parte, que tenía una licencia de obras provisional y que, además, el silencio administrativo del ayuntamiento suponía la concesión de la licencia de obras.

En septiembre del 2004 un auto del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Badajoz desestimaba la reclamación de la compañía y ahora el TSJEx confirma esta resolución y ordena que se ejecute la orden del consistorio. De hecho, según explicó Pablo Ramos, portavoz de Ecologistas en Acción, el pasado jueves agentes de la Guardia Civil y de la policía municipal precintaron la instalación. Se da la circunstancia de que las obras están prácticamente completadas y desde el pasado 2 de enero la mina está funcionando en fase de pruebas, y ya ha alcanzado un índice de producción que se sitúa en el 70% de su capacidad total prevista.

POSTURA OFICIAL Fuentes oficiales de la empresa Río Narcea consultadas por EL PERIODICO EXTREMADURA aseguraron ayer que la compañía considera que "tiene todas las licencias en regla", por lo que de momento continúa rechazando en la vía judicial la resolución del consistorio. De forma paralela "se está negociando con el ayuntamiento para alcanzar una solución amistosa". La postura oficial del ayuntamiento no se conoce puesto que, pese a los numerosos intentos realizados, este diario no logró contactar con el alcalde de Monesterio, José Antonio Calderón, que durante la mañana de ayer mantuvo numerosas reuniones de trabajo a raíz de esta sentencia judicial.

FRENTES ABIERTOS Pablo Ramos destacó la importancia de la decisión del TSJEx, que constata "una infracción muy grave" y que la compañía actua "con la política de hechos consumados".

Asimismo, recordó que éste es sólo uno de los frentes judiciales abiertos que tiene la planta de Ríon Narcea. Entre otras cosas, ha sido denunciada por una supuesta toma ilegal de agua --habría extraído millones de litros de la Cuenca del Guadalquivir sin el permiso de la confederación andaluza--, por un delito ecológico y por la ocupación irregular de una vía pecuaria.

Estos casos han sido trasladados a las Administraciones andaluza y extremeña, al Defensor del Pueblo, a la Comisión Europea y a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Ecologistas en Acción criticó también "la inhibición" de la Junta, y afirmó que los daños ambientales que se están produciendo cuentan con con su "connivencia". Y es que la mayoría de las denuncias que se presentan ante la Dirección General de Medio Ambiente "han tenido el silencio por respuesta".