El Juzgado de lo Contencioso de Cáceres ha ratificado la decisión de la Junta de Extremadura de anular las oposiciones a jefe de sala del Centro 112 del pasado año, al desestimar el recurso presentado por varios aspirantes que inicialmente habían aprobado. La Consejería de Presidencia decidió cancelar las pruebas de selección para estos puestos tras tomar en consideración un recurso presentado por un aspirante y estimar que muchas de las preguntas objeto de examen no estaban en el temario.
El Gobierno regional recuerda en un comunicado que todavía falta por resolver un segundo recurso contra esta decisión, presentado en el Juzgado de lo Contencioso de Mérida, y que ambas sentencias son recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Sin embargo, añade que "es una ocasión para hacer alguna valoración sobre la totalidad de un proceso selectivo que con tanto empeño cuestionó el Grupo Popular arremetiendo contra la Consejería de Presidencia, los tribunales de selección y muchos aspirantes sobre los que impunemente se sembró todo tipo de dudas en los medios".
CRITERIOS DE LEGALIDAD El Ejecutivo autonómico agrega que esta sentencia confirma que se actuó cuando tenía que hacerse, "sujetándose a criterios de legalidad y a los instrumentos que la ley ofrece". En esta línea, afirma que el criterio de objetividad y de legalidad que se aplicó en este caso fue el mismo que se empleó para no actuar respecto a "tantas cuestiones sin fundamento y sin prueba alguna que el PP se dedicó a verter durante varios meses sobre las oposiciones y sobre los miembros de los tribunales".
De la misma manera, considera que los populares quisieron erigirse en portavoces de los 40.000 aspirantes a plazas de personal funcionario y que "en su nombre hablaron de irregularidades, calumniaron a muchas personas y pusieron en marcha asesorías jurídicas para atender a sus aspirantes insatisfechos".
De todos ellos, según indica la Junta, únicamente quince han optado por presentar un recurso contencioso-administrativo a los tribunales de justicia, y de ellos sólo cinco están relacionados con el primer ejercicio, afectando estos recursos a tres especialidades.
El comunicado concluye asegurando que lo que importa es que el próximo 1 de mayo se incorporarán a la Administración autonómica más de medio millar de nuevos laborales fijos de esa misma oposición, que "están ahí con independencia del parentesco, la vecindad, el sexo, la edad o la ideología, porque han hecho valer sus conocimientos y capacidades en un proceso limpio y transparente".
