Los Juzgados de Primera Instancia de Extremadura especializados en los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física han ingresado 1.978 demandas presentadas entre el pasado 1 de junio y el 8 de septiembre.

Por provincias, hubo más demandas de este tipo en Badajoz, que registró 1.011, por las 967 que ha habido en Cáceres, según la información facilitada por el Consejo General del Poder Judicial y por el Ministerio de Justicia.

En el conjunto de España, los juzgados han registrado en los poco más de tres meses que llevan en funcionamiento un total de 57.068 demandas.

Agosto es inhábil en la jurisdicción civil, pero durante ese mes se pueden presentar demandas y en el caso de cláusulas abusivas se registraron en torno a 7.000, las cuales comenzaron a ser tramitadas el 1 de septiembre.

La cifra total incluye las demandas presentadas en los órganos judiciales de forma electrónica a través de LexNET en doce de las trece comunidades autónomas que tienen implantado este sistema --Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja-- y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En la Comunidad Valenciana se ha optado por ofrecer las cifras facilitadas por el Tribunal Superior de Justicia, ya que un elevado número de demandas se presenta por otras vías. La información correspondiente a las cuatro comunidades que no tienen LexNET --Cantabria, Cataluña, Navarra y País Vasco-- ha sido también proporcionada por los respectivos Tribunales Superiores de Justicia.

PLAN DE URGENCIA / El pasado 1 de junio se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.

El plan consiste en la especialización de juzgados de primera instancia --uno por provincia en la Península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear--, que desde entonces conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

Estos asuntos se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.