«Esperamos que ahora sí, que la Junta ya no ponga más excusas dilatando sin motivo, que ejecute la sentencia y deje de tomar el pelo a Torrefresneda y al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx)». La esperanza para el consistorio de esta entidad local menor de la provincia de Badajoz es una providencia que emitió el TSJEx el 10 de mayo, tras ser requerida por la entidad, y que da un plazo de dos meses a la Junta de Extremadura, en concreto a la directora general de Administración Local, para que ejecute la sentencia del 2015, de lo contrario se podrían exigir responsabilidades penales.

Ese fallo del 2015, del mismo tribunal extremeño, da la razón a Torrefresneda y obliga a Guareña, el municipio matriz y del que depende, a entregar una parte de su territorio a la entidad menor (unos 400 habitantes) para que esta última cuente con un área de influencia como le reconoce la Justicia. Pero debe ser el Ejecutivo regional quien delimite el territorio que cambiará de manos. La sentencia determina que la superficie se deberá determinar en base al plano del área del núcleo de influencia y la documentación adjunta realizado en 1969 y el informe emitido en 2014 por el Instituto Geográfico Nacional.

La entidad local asegura que le corresponde un área de influencia de más de 5.300 hectáreas, pero más que el terreno, lo que está en juego es el dinero que Torrefresneda ingresaría en concepto de IBI (rústico porque se trata en su mayoría de terreno agrícola).

La pugna comenzó en 1995 cuando esta última localidad pasó a depender de Guareña. Lo habitual en estos casos, cuentan, es que el municipio y su entidad local menor lleguen a un acuerdo para repartir sus terrenos, sin embargo, entre ambos nunca se firmó ningún convenio. Por ello, en 2015 la entidad local decidió llevar a los tribunales el asunto. El TSJEx dio la razón a Torrefresneda y Guareña presentó un recurso de casación, que fue rechazado por el Supremo. El fallo por lo tanto ya era firme y en marzo del 2017 el DOE publicó la ejecución de la sentencia. Pero, de momento, nada ha cambiado. Los vecinos iniciaron una serie de protestas que tampoco han servido de mucho por ahora pero confían en la nueva resolución judicial.

En esta última providencia, el TSJEx señala que la última documentación presentada por la Junta «pretende reabrir un debate ya resuelto en la sentencia del TSJEx que puso fin al proceso contencioso-administrativo, sin que en fase de ejecución puedan introducirse cuestiones nuevas que no fueran objeto de debate en la fase declarativa». Da un plazo de cinco días para recurrir y advierte de que «no pueden admitirse demoras no justificadas en la ejecución de la presente sentencia».