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ENTREVISTA

«La muerte siempre ha sido tabú y se debería hablar más de ella»

MARIANO CASADO BLANCO - Médico forense y profesor de la Universidad de Extremadura

 

El forense extremeño Mariano Casado Blanco. - SANTI GARCÍA

G. MORAL
18/10/2020

En enero del año pasado llamaron a Mariano Casado Blanco (Badajoz, 60 años) para que impartiera una formación a los profesionales sanitarios de Baleares sobre cómo promocionar y divulgar el documento de últimas voluntades y allí se marchó unos días. Nadie mejor que este forense extremeño para explicar los pormenores de un documento que no acaba de arrancar del todo en Extremadura, mientras está mucho más extendido en otras autonomías como la balear, donde se cuadruplican los datos extremeños. En el 2017 recibió el Premio Nacional de Derecho Sanitario por su publicación Las instrucción previas: una reflexión crítica, elaborada junto con el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Badajoz, Juan Calixto Galán. Y un año después también fue reconocido por la Real Academia Nacional de Medicina por una investigación sobre bioética y deontología médica. Imparte clases en la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura y es jefe del Servicio de Laboratorio Forense del Instituto de Medicina Legal de Badajoz.

-Lo llaman testamento vital, pero también últimas voluntades, instrucciones previas... ¿A qué se deben las distintas denominaciones?
-Hay un error en la denominación de testamento vital porque el concepto de testamento es del ámbito jurídico y para delegar una voluntad que tú tienes una vez que has muerto. Pero para lo que estamos hablando no te has muerto, por lo tanto no se puede hablar de testamento. Hay que hablar de voluntades anticipadas o instrucciones previas. Los dos conceptos significan lo mismo, el nombre solo depende del momento histórico en que se propusieron. Voluntades anticipadas se empezó a emplear en 1997 cuando se dictó el convenio europeo de Oviedo, a partir del cual hubo comunidades que empezaron a regular este documento y lo llamaron así, como es el caso de Extremadura, donde se conoce como expresión anticipada de voluntades. El concepto de instrucciones previas es posterior, del 2012, cuando se modificó la Ley General de Sanidad y se incluyó este término en España.

-¿Por qué es importante este documento?
-Porque es una garantía para el paciente de que se cumpla su voluntad y a la vez una garantía para los profesionales de dar cumplimiento a lo que quiere el paciente. Se nos llena la boca cuando hablamos de la libertad, pero aquí hay una forma de ejercer la libertad incluso cuando no estás en condiciones de ejercerla, cuando no eres libre. Uno ahorra para cuando se jubila, compra una casa pensando en dejársela a sus hijos... Se prepara para el futuro y esto también es para el futuro. Es la máxima expresión de la autonomía, la libertad y la capacidad de decisión de una persona.

-Los pacientes no siempre han tenido tanta voz como ahora, ¿no?
-Prácticamente desde Hipócrates hasta el año 1979, esto es, durante 25 siglos, la relación médico-paciente se ha regido básica y exclusivamente por una relación digamos casi paternalista, en la que todo se hacía por y para el paciente pero sin contar con el paciente. Pero a partir de esa regulación que se estableció con el Informe Belmont en Estados Unidos en 1979 se le concedió una serie de derechos al paciente, entre ellos la capacidad para decidir en relación con todos los temas referentes a su salud. Ahí aparecen dos cuestiones básicas que rigen en la actualidad: el consentimiento informado, que supone que ahora mismo no se puede realizar ningún tipo de acto médico o sanitario sin que previamente el paciente esté informado y sea consentidor, salvo excepciones de riesgo extremo; y las voluntades anticipadas.

-¿Desde qué edad tiene un paciente ese derecho a decidir?
-Ser mayor de edad es uno de los requisitos que hay que cumplir para poder cumplimentar este documento y en este sentido en el trabajo premiado en el 2017 ya hacíamos una reflexión crítica sobre la disparidad entre las comunidades. La ley estatal establece un mal concepto denominado mayoría de edad sanitaria, que no existe, pero que de forma genérica se establece a los 16 años. Por lo tanto, salvo excepciones, se entiende que a los 16 se tiene capacidad para ser informado y decidir consecuentemente. Y hay quien lleva esto al tema de las instrucciones previas, pero otras comunidades no siguen ese criterio y se quedan en lo que establece la Constitución que es la mayoría de edad a los 18 años, como es el caso de Extremadura. Pero no queda ahí, en Aragón se puede cumplimentar este documento desde los 14 años. La disparidad es importante.

-No solo existen diferencias en la denominación y el procedimiento, sino también en su aplicación. En Extremadura apenas dos de cada mil habitantes tienen este documento, el dato más bajo del país. ¿Por qué?
-Básicamente por desconocimiento. Si preguntas a los pacientes, pocos sabrán qué son las últimas voluntades o las instrucciones previas y alguno puede haber oído campanas si haces referencia a testamento vital. Pero el problema más gordo es que los propios profesionales sanitarios desconocen en muchas cuestiones este documento que es esencial y básico.

-¿Qué se puede hacer?
-Nos hemos ofrecido a las autoridades sanitarias para divulgar esta cuestión, para dar promoción mediante charlas, reuniones… Pero no se hace nada. Básicamente esto se debe generar a nivel de la Atención Primaria porque ahí está el médico con el que tienes una mayor relación. Y habría que darlo a conocer también entre las asociaciones de pacientes.

-¿No puede ser también porque tenemos miedo a la muerte o a pensar en ella?
-La muerte siempre ha sido un tema tabú. Por muchas razones desde el punto de vista cultural, ideológico… no se habla de la muerte, sí del nacimiento, pero cuando llega la muerte nos preguntamos por qué, qué o quién ha fallado, pero la gente se muere porque está viva, así de simple. La muerte es consustancial al ser humano, pero como no se habla de ella se queda ahí en un rincón, se hace un tabú, un misterio y así ni hablamos de ella, ni nos preparamos para ella. Se debería hablar más.

-Ni se piensa en qué queremos que se haga con nuestro cuerpo…
-Claro. De hecho, la gente no sabe que hay una ley de trasplantes que indica que cualquier paciente que muere en un servicio público de salud es susceptible de ser donante. Esa ley se podría llevar al extremo y acceder a la extracción de órganos aunque una persona no haya dicho que no, pero en la práctica eso no se hace y se pide siempre consentimiento a la familia. Es una de las cosas que se pueden manifestar en el documento de últimas voluntades.

-¿Qué se puede incluir?
-Todo lo que está permitido por ley. Cuestiones relacionadas con la salud o con después de la muerte. Lo que no se puede incluir son cuestiones que no están reguladas como la eutanasia. Eso es un delito.

-Ese es un debate sobre la mesa, ¿se acabará regulando la eutanasia en España? ¿Qué opina?
-Claro que se regulará porque los que mandan quieren regularla. Pero creo que nos van a meter en un embolado porque la profesión médica no está para eso. La eutanasia va en contra de la esencia de la profesión independientemente de que haya médicos que lo quieran hacer. Entiendo que hay situaciones extremas en las cuales algo hay que hacer porque ya el acompañamiento no sirve para aliviar el sufrimiento que tiene una persona, algo hay que hacer, no sé si es la eutanasia u otra cosa, pero para unas situaciones muy concretas, muy específicas y muy puntuales.

-Hay comunidades que achacan un incremento de las inscripciones previas a la pandemia de covid. ¿Nos sentimos ahora más frágiles?
-Sí, pero tampoco lo sabemos realmente. No creo que el incremento de documentos de instrucciones previas tenga mucha relación con el covid. Además, en esta situación esto sería una excepción.

-¿Cómo está viviendo usted la crisis sanitaria actual?
-Como ciudadano con preocupación porque estoy entre esa población que está entrando en riesgo y porque cuando observo a los demás veo que la gente no se toma esto debidamente en serio. Como profesional hemos tenido que tener muchas precauciones y trabajar con mucha prudencia. La actividad de los forenses sigue siendo la misma pero con el riesgo de que cuando hacemos una autopsia en el Instituto de Medicina Legal no sabemos si el cadáver pudiera estar infectado o no. 

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