Ha costado, pero el laudo que fijó la subida de salario mínimo en el campo extremeño está echando raíces, incluso más allá de Extremadura. Ya se va aplicando con normalidad en la región y además ha servido de punta de lanza para alcanzar acuerdos en otras regiones --como Cataluña hace dos semanas-- donde la situación estaba bloqueada como ya pasara aquí y continúa pasando aún en la mayoría de territorios, en un mapa complejo y disperso: de la situación de Sevilla (donde el decreto por el que se incrementaba el salario mínimo ha tenido un impacto nulo porque el convenio ya estaba por encima) a la de Cuidad Real donde todas las categorías estaban por debajo del salario mínimo, según los datos de CCOO.
El marco laboral del campo en España es complejo por la cantidad y la variedad de los convenios, (son decenas, la mayoría provinciales e incluso diferenciados por sectores o actividades); aunque el común denominador de los que han tenido que sentarse a negociar el nuevo salario ha sido precisamente la falta de acuerdo. Hay alguna excepción, pero en la mayoría de los casos la subida salarial aún está enquistada, y en los que se ha desatascado ha requerido de mediación (Cádiz fue el primero con un arbitraje) o incluso de laudo. Y ahí Extremadura abrió una senda que ha dado alas a otras regiones en opinión de las organizaciones sindicales. El ejemplo que ponen es el laudo que se ha firmado jade dos semanas en Cataluña en los mismos términos que está en vigor en el campo extremeño desde finales de mayo.
«El laudo de Extremadura contribuyó a desbloquear otras situaciones igualmente enquistadas, por algo tan básico como 900 euros con los que poder vivir con dignidad. Sí, supone una subida del 20% o en algunas regiones incluso más, pero insisto en que estamos hablando de 900 euros», afirma Javier Velasco, secretario de organización en Feagra-CCOO, que valora la senda que abrió a los sindicatos en otras negociaciones el laudo extremeño.
El acuerdo por las retribuciones en los eventuales lleva casi un mes en vigor y «en líneas generales» ya se está aplicando con normalidad, según confirman tanto desde CCOO como desde UGT, a pesar de las reticencias que hubo inicialmente. «No entendimos que después de aceptar someterse a un laudo, no se quisiera cumplir», dice Velasco.
Por parte de las organizaciones agrarias destacan el esfuerzo que ha supuesto para los empresarios agrícolas el decreto del salario mínimo. «Estamos adaptando toda la nueva normativa de la mejor forma posible, teniendo en cuenta que en algunos casos supone una subida de entre el 20% o el 23%», asevera Juan José Álvarez, director general de Asaja y negociador del convenio del campo. Destaca que en el caso del campo «es un esfuerzo mucho mayor al esfuerzo que han tenido que realizar en otros sectores» y reconoce la agitación que la negociación ha tenido en Extremadura «por cómo se ha producido todo».
Bloqueados
Los problemas en la negociación del convenio del campo extremeño no son una excepción. Más bien al contrario, la norma parece ser este año la parálisis en todas las regiones (hay casos fuera de toda norma como el de Baleares, con el convenio bloqueado desde 2006) y la razón es, precisamente, el decreto que fijó desde principios de año la subida del salario mínimo. Es el principal escollo, pero salvado ese (como ocurre ya en Extremadura) se están abriendo dos frentes nuevos: la negociación de la jornada laboral y la aplicación del otro decreto que obliga a ‘fichar’ en el trabajo.
«Es un tema que nos preocupa porque hay millones de jornadas que no se declaran. Por eso vamos a exigir que se cumpla la ley. Si tenemos en el campo la agricultura de precisión y los drones, no veo donde está el problema en que se pueda registrar la jornada de los trabajadores a través de los dispositivos móviles», dice el responsable sindical de CCOO.
Sobre la ampliación de jornada, señala que hay varias regiones, «en las que se ha planteado aumentar la jornada laboral anual a 1.826 horas. No puede ser, No pueden pretender que los trabajadores hagan más horas porque se ha hecho un real decreto que dice que los trabajadores deben ganar 900 euros al menos», dice Emilio Terrón, Secretario Sector Agrario y Manipulado Hortofrutícola en UGT.
El cómputo de horas anual en el campo Extremeño ahora mismo es similar al que tienen recogido en sus convenios todas las provincias limítrofes. En todas oscilan entre las 1.768 horas (además de Extremadura, Sevilla, Córdoba y Huelva) y las 1.798 de Salamanca. En Ciudad Real están en 1.794, en Toledo, 1.784 y en Ávila 1.770. En otras provincias como Teruel, el máximo anual está fijado en 1.593 horas.
Si se toca esa cifra es una de las cuestiones que se puso sobre la mesa en las negociaciones previas del convenio en Extremadura, sin que de momento se hayan producido avances. Por parte de los sindicatos insisten en que «por ahí no va la historia» y plantean acuerdos en otras mejoras, «pero ninguna que incluya una subida de horas». Sí deslizaron, en las primeras conversaciones que habría margen para flexibilizar la jornada diaria (aumentar las horas por necesidades de producción, pero rebajarlas cuando no haya tarea), aunque en ningún caso la 1.768 horas de la jornada anual. Cómo quedará finalmente la situación en Extremadura es algo que deberá consensuarse en las próximas semanas.
