Administraciones y empresarios extremeños criticaron ayer algunos aspectos de la Ley de Contratación del Sector Público nacional, que lleva un año en vigor, ya que, aseguraron, ha ralentizado la obra pública, no ha mejorado la participación de las pymes en los concursos y ha perjudicado al mundo rural. Así quedo manifiesto en Mérida en el II Congreso Autonómico de Contratación Pública, en el que intervino el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

El más rotundo en su intervención fue el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien abogó por medir el impacto que ha tenido y cambiarla. Del mismo modo añadió que se trata de «una mala ley» que les ha hecho «ser más fuertes, ya que ha obligado a un trabajo conjunto para paliar sus efectos». «Nadie reconoce que sea positiva para el sector público y mucho menos para el mundo rural, donde destroza en los contratos menores al pequeño tejido productivo local», incidió Gallardo.

Por ello, reclamó a los expertos que participaban en este foro que sacaran conclusiones, «ya que este asunto debe ser una prioridad». Y apostilló que «hay estudios que dicen que la ley ha supuesto una aminoración de la obra pública, que representa el 20 % del PIB nacional».

Por su parte, Fernández Vara también coincidió en que «seguramente habrá que modificar este ley con el tiempo». Mientras que para el vicepresidente de la Diputación de Cáceres y alcalde de Hernán Pérez, Alfonso Beltrán, «tendría que haber habido una moratoria para aplicarla en las zonas rurales». Planteó que los problemas que surgen en un municipio como el suyo, de 500 habitantes, donde siempre se han comprado los productos de limpieza en la tienda del pueblo. «¿Qué hago ahora? ¿Un acuerdo marco, un simplificado abierto, le obligo a la tienda de mi pueblo a que tiene que darse de alta en la plataforma electrónica...», expuso con rotundidad.