La ley de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura se pone hoy en marcha tras la publicación ayer en el DOE del decreto que la desarrolla. La normativa, elaborada por la Administración regional, impone a las empresas distribuidoras de energía eléctrica la obligación de mantener su servicio en los términos contratados con el cliente. Para ello, califica el incumplimiento contractual como una deficiencia y establece penalizaciones por las interrupciones en el suministro cuando superen un determinado tiempo.
El decreto define los conceptos relacionados con la calidad del servicio, como son la interrupción del suministro, la continuidad, las deficiencias y las incidencias. En este sentido, las interrupciones se clasifican en programadas e imprevistas y, dentro de las últimas, se establece una subdivisión en ocasionadas por terceros, fuerza mayor o propias de la actividad.
LA CLASIFICACION Atendiendo a esta clasificación, las interrupciones imprevistas del suministro eléctrico continuadas y superiores a una hora, comportarán la obligación para las empresas distribuidoras de reducir el 20% en la facturación a los consumidores afectados. Este porcentaje se elevará en dos puntos porcentuales por cada hora o fracción adicional.
El decreto precisa que no habrá descuentos en la facturación cuando las interrupciones sean programadas, ocasionadas por terceros y fuerza mayor, pero siempre que las empresas distribuidoras justifiquen su origen.
Los descuentos en la facturación por interrupciones continuadas y superiores a una hora se practicarán automáticamente en los tres meses siguientes al que se produjo el corte.
Por otra parte, las empresas están obligadas a realizar una auditoría anual de sus datos, sistemas de tratamiento y metodología para la determinación de los indicadores de continuidad de suministro, además de elaborar planes de actuaciones para la mejora de la calidad del suministro eléctrico, que tendrán que ser aprobados por la Junta.
El decreto también exige a las empresas distribuidoras la comunicación a la Junta de todas las incidencias ocurridas.
