El proyecto de Ley de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura, que plantea la expropiación temporal y sanciones a las entidades financieras que tengan viviendas vacías, continúa su trámite parlamentario después de que el pleno de la Asamblea haya rechazado tres enmiendas a la totalidad de la oposición.
Entre ellas se encuentran sendas enmiendas de devolución del texto a la Junta por parte de PP y Ciudadanos, que han contado con el voto mutuo favorable y en contra de PSOE y Podemos.
La enmienda de la formación morada con texto alternativo ha sido rechazada por el resto de grupos y en ella se recogían aspectos que, a juicio de Podemos, quedan fuera de la iniciativa socialista como la dación en pago (cuando se salda la deuda con la entrega de la vivienda) y la mediación en los casos de alquiler privado.
En la defensa de la iniciativa de la Junta, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha asegurado que se trata de un proyecto de ley "centrado y equilibrado" que asegura el derecho a una vivienda digna, que no distorsiona ni interfiere en el mercado inmobiliario y que "atiende a recomendaciones del Consejo de Estado".
Con este proyecto de ley, ha explicado, se aspira a alcanzar el objetivo de "desahucios cero" en Extremadura y "evitar que haya gente sin casa y casa sin gente", todo ello en un marco legal "supletorio y respetuoso con la legislación estatal".
El mismo contempla el derecho de tanteo sobre viviendas de protección pública que enajenen entidades financieras con el objetivo de destinarlas al alquiler social, así como sancionar a personas jurídicas que tengas viviendas vacías.
Establece también la paralización de los procesos de desahucios por impago debido a causas sobrevenidas y la expropiación forzosa del usufructo temporal de determinadas viviendas para la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social.
Tanto el PP como Ciudadanos han considerado que el proyecto de ley tiene preceptos con visos de "inconstitucionalidad" pues pretende regular un derecho, el de propiedad, que solo puede ser regulado por una ley general en el país, vulnerando así el principio de igualdad, como advierte el Consejo de Estado en un informe al respecto. EFE
